El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que valida la denuncia anónima dentro de una empresa como origen de una investigación interna para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de actuaciones, en las que el autor opta por el anonimato, en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno.
El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado whistleblowing, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión.
Los jueces han desestimado los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que condenó por un delito de estafa a cinco de los acusados a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de prisión a un sexto como cómplice. La sentencia del Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por los condenados que propugnaban su absolución, así como el de la acusación particular en cuanto a la responsabilidad civil fijada en la sentencia.
Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero, en un porcentaje muy superior al habitual en el sector.
De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora efectuaban un descuento muy inferior a la cantidad que realmente estaba mezclada con la chatarra útil. El fraude ha sido tasado en la responsabilidad civil de 456.340’27 euros, en el caso de un grupo de condenados, y otra de 340.650’66 euros, en otro grupo.
El origen de la investigación surge de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de la empresa que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a la investigación interna, que acabó sacando a la luz los hechos.
El Supremo valida el uso de las «denuncias anónimas» para la detección de acciones ilícitas de este tipo. «Importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación ad intra en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el denominado canal de denuncias interno o, también denominado whistleblowing, y que ha sido incluido en la reciente directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del pasado mes de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
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