En la primera reunión virtual de su historia, el Consejo de Ministros aprobó un amplio paquete de medidas para dar apoyo financiero a las empresas; facilitar las suspensiones temporales de empleo como alternativa a los despidos; o aplazar el pago hipotecario de las familias más vulnerables. Su duración será de un mes, aunque podrá extenderse.
“Debemos combatir simultáneamente en el frente sanitario pero también en el frente económico y social. Debemos parar al virus y vencerlo y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias con un escudo económico y social que solo pueden forjar los poderes públicos”, expuso Sánchez al término de la reunión, anunciando “un real decreto ley muy importante, probablemente el mayor que se haya aprobado”. El objetivo, dijo, es que “la salida de la emergencia económica en la que desgraciadamente estamos inmersos sea en forma V, y no en L,” es decir, “para que la caída venga seguida de una recuperación y no de un estancamiento”. La medida estrella para lograrlo, detalló, es “movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del PIB”.
De ellos, sin embargo, solo 117.000 millones serán públicos mientras que se espera que 83.000 sean de aportación privada, básicamente financiación de la banca, a la que fuentes oficiales admiten que se ha pedido apoyo. En concreto, detalló Sánchez, se crea una línea de avales y garantías públicas de hasta 100.000 millones que aspiran a movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones con la financiación bancaria. “El Estado español: va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo. No vamos a permitir que los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia”, expuso Sánchez.
El Gobierno, que se apoyará en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar el plan, creará además una línea adicional de avales de 2.000 millones para pequeñas y medianas empresas exportadoras. Además, impulsará varios programas de apoyo a la digitalización y la I+D de las pymes, para facilitar la implantación del teletrabajo.
En paralelo, el Ejecutivo tomó medidas para blindar a las compañías españolas impidiendo que reciban una opa por parte de un inversor oportunistas de fuera de la UE aprovechando que el descalabro bursátil de los últimos días las ha dejado a precio de saldo.
De otra parte, el decreto flexibiliza la aplicación de expedientes de regulación temporales del empleo (ERTE) para tratar de generalizar esta vía evitando que se incurra en EREs masivos y se facilita la reducción de jornada para aquellos trabajadores que deban cuidar de sus hijos o dependientes. “No despidan a los trabajadores, esta es una crisis temporal”, pidió Sánchez a los empresarios. La medida, según fuentes oficiales, tendrá una dotación de unos 5.000 millones y el Ejecutivo trabajaba este martes en hacerla retroactiva desde el sábado (cuando se inició el estado de alarma).
A su vez, el Gobierno aprobó una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para colectivos vulnerables y personas que pierdan su empleo o vean reducidos sus ingresos con fuerza durante la crisis, a la par que garantiza que las empresas energéticas no corten el suministro de luz o gas a las familias con menos recursos. Además, se dedicarán 600 millones más a financiar prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales. En total, más allá de los avales, se destinarán otros 17.000 millones a los colectivos más afectados por la crisis. “Nadie se va a quedar atrás”, aseguró Sánchez.
Con todo, el grueso de la partida no tendrá impacto presupuestario pues los avales solo pasarán factura si los créditos que soportan no se pagan. Por eso, Sánchez consideró necesario lograr el apoyo de todo el Parlamento a “unos Presupuestos de emergencia, de reconstrucción social y económica” que permitan contar con más munición contra la crisis. “El primer hito será frenar la caída de la producción y el empleo; doblegar esa curva de caída y, una vez superada la crisis sanitaria, relanzar la economía”, enumeró Sánchez. “Aunque nos preocupe el impacto económico, resistiremos”, concluyó.
El paquete de este martes complementa las medidas ya adoptadas el pasado jueves, cuando el Gobierno aprobó aplazamientos en el pago de IRPF, IVA y Sociedades por 14.000 millones de euros para pymes y autónomos (con una facturación de hasta seis millones anuales), la inyección de 25 millones en créditos ICO a empresas de turismo, transportes y hostelería, más 3.800 millones para reforzar la sanidad (2.800 dirigidos a las comunidades autónomas).
Esas primeras medidas se quedaron cortas tras la decisión del Ejecutivo de decretar el estado de alarma el sábado, imponiendo un confinamiento generalizado de los españoles, el cierre de todo tipo de comercios que no ofrezcan bienes de primera necesidad o de todos los centros educativos. Una batería que busca contener una epidemia que deja ya más de 11.000 infectados en España y casi medio millar de muertos pero que ha agravado los efectos de la crisis sanitaria en la economía, impulsando ya decenas de miles de suspensiones de contratos laborales.
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