La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogó por lograr «una fiscalidad justa y progresiva» mediante la reforma de impuestos ya existentes, como el de Sociedades, en lugar de crear una figura fiscal nueva sobre la riqueza, tal y como propone Unidas Podemos. Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por la propuesta que Unidas Podemos llevará a la Comisión parlamentario para la Reconstrucción Social y Económica, sobre la creación de un impuesto a las grandes fortunas.
Montero destacó «la clara vocación» del Ejecutivo de coalición de desarrollar «una fiscalidad justa, progresiva, en la que los que más tienen más aporten y todos recibamos en función de nuestras necesidades.». En este sentido, indicó que «tener una fiscalidad dirigida hacia la riqueza se puede hacer por diferentes fórmulas desde la revisión de las figuras fiscales que existen, para adecuarlas a la mayor aportación de los que más tienen».
A este respecto, recordó la intención del Gobierno de establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, así como «otras categorías fiscales en las que seguir trabajando sin necesidad que haya ninguna figura expresa». «Lo importante no es el instrumento, sino la voluntad de que aquellos que más tienen aporten más para que el conjunto de la sociedad se beneficie en esa redistribución de la riqueza, que sobre todo se expresa en los servicios públicos», declaró.
Según señalaron este martes fuentes de Unidas Podemos a Servimedia, el nuevo gravamen que proponen a las grandes fortunas sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio y no sería susceptible de bonificación por las comunidades autónomas que quisieran hacerlo. En concreto, su propuesta es que los patrimonios a partir del millón de euros contribuyan con un 2% del mismo; a partir de los 10 millones con el 2,5%, a partir de 50 millones con el 3% y a partir de 100 millones con el 3,5%.
Así, desde el grupo confederal calculan que se recaudarían unos 11.000 millones de euros, el equivalente al 1% del PIB, y que sólo se verían afectados los mil patrimonios más elevados de España, los de más de un millón de euros una vez exenta la vivienda habitual hasta un valor de 400.000 euros.
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