El ministerio de Justicia espera que a partir de septiembre se pueda recuperar la “normalidad” en los juzgados y tribunales, dependiendo siempre de la evolución de la emergencia sanitaria. Así se lo ha comunicado hoy dos altos cargos del departamento que dirige Juan Carlos Camp o a las cuatro asociaciones de jueces y a las tres de fiscales en un reunión mantenida este miércoles por videoconferencia.
Tal y como ya había adelantado el ministerio, se ha confirmado a las asociaciones que a partir del día 1 de junio se levanta la suspensión de los plazos administrativos y para el día 4 los plazos procesales. Esto significa que será a partir de ese momento cuando en la práctica se reactivarán todos los procesos paralizados desde marzo, cuando se acordó por real decreto el estado de alarma y junto a este la paralización de los plazos.
Los funcionarios de justicia se han ido incorporando a sus puesto desde hace quince días, Concretamente, estaba fijado la vuelta del 40% de las plantillas. Ahora el ministerio ha comunicado que la fase 2 del plan de desescalada de Justicia se podría activar la semana que viene tras la reunión de la comisión de coordinación mantenida entre el departamento de Campo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y las comunidades autónomas prevista para el próximo viernes.
Ello implicará una incorporación del 60 o 70% de la plantilla con turnos de tarde, y tendrá una duración de dos semanas. La fase 3 se prevé para el 8 de junio. Se garantizará la adecuada protección de todo el personal, profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías, tal y como han explicado las siete asociaciones en un comunicado conjunto.
En la reunión han concretado que en estas primeras semanas se recomienda no cargar en exceso las agendas de señalamientos. A partir del mes de septiembre están previstos planes de choque y de refuerzo, en coordinación con el CGPJ y la Fiscalía General junto con los órganos judiciales asociados a la Covid-19 y la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales.
El ministerio ha explicado que se está estudiando la manera de proceder a la cita previa y la videoidentificación. Asimismo, a fin de garantizar la publicidad de las vistas orales se quieren realizar retransmisiones en “streaming” de los juicios, empezando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En la primera semana de junio se presentará un anteproyecto de ley de eficiencia procesal “en el que, entre otras medidas, hay una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos”.
Por su parte, las asociaciones han insistido en que deben garantizarse las medidas de seguridad adecuadas en las sedes judiciales. “Y mostramos nuestro rechazo a que los jueces y juezas en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, por vulnerar claramente la independencia judicial”, concluyen en el comunicado.
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