El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reclamado lealtad y diálogo al resto de fuerzas políticas con el objetivo de aprovechar «el impulso reformista» al obliga la crisis por el Covid-19 para emprender un profundo proceso de transformación» de este sector, que considera «elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país».
Campo ha hecho este llamamiento durante su comparecencia en el Senado -que estaba pendiente desde su nombramiento tras la última formación de Gobierno- donde ha reclamado acabar «con las inercias partidistas y los diálogos sordos» con el fin de construir acuerdos estables basados en un gran consenso para la Justicia.
«Tengo la convicción de que es posible conseguir un consenso estratégico para reforma estructural en el servicio público de Justicia y para la salida de la crisis», ha manifestado, para añadir que, sin embargo, que ese gran acuerdo de unidad que propone «exige compromisos recíprocos».
Campo ha reconocido también que la crisis de la covid-19 «nos ha puesto a prueba como país» si bien ha permitid demostrar que «las instituciones son eficaces, que la ciudadanía es profundamente solidaria y está unida y que el Estado de Derecho nos protege bajo cualquier circunstancia».
A lo largo de su exposición, Campo ha recordado las actuaciones puestas en marcha por su departamento desde el inicio de la pandemia y las ha relacionado con los futuros planes del Ministerio, entre los que destaca, como novedad, una reforma de la Ley de Registros Civiles que cree necesaria ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la Ley de 2011 que preveía la desaparición de la mayoría de las oficinas del registro civil, más de 8000 actualmente.
Así, promoverá una reforma basada en una iniciativa del PP para adaptar la norma a las necesidades actuales. Este partido propone implantar un nuevo modelo que suprima el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales– y crear «un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique».
Asimismo, los populares plantean de nuevo una reorganización este nuevo Registro Civil en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado; y una configuración de carácter electrónico, en la que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.
En cuanto a los efectos de la crisis, el ministro ha señalado que, según sus previsiones, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentará en 2020 hasta un 31%, llegando al 140% en 2021: más de un millón de nuevos asuntos. Con estos datos, la pendencia se situará en un 175%.
En cuanto a los concursos de acreedores, calculan que el incremento puede ser del 246% para el ejercicio 2020 y del 619% para en 2021. Es decir, de los apenas 7.000 concursos presentados en 2019 se alcanzarían los 50.000 en 2021.
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