La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que sectores como el turismo, la aviación o el ocio y la cultura, que tanto han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, no podrán recuperar la normalidad en lo que queda de año. Por eso, entre otras razones, tal y como ha explicado en una entrevista concedida al periódico Financial Times este fin de semana, es «probable» que los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se extiendan hasta finales de este año o incluso hasta 2021 para las industrias y empresas más afectadas por la crisis del coronavirus Covid-19.
“El Gobierno estará ahí para los sectores que más lo necesiten, sin lugar a dudas”, aseguró la titular de la cartera de Trabajo al rotativo británico. “No tendría sentido emprender este gigantesco esfuerzo sin precedentes en la economía española [en referencia a los mecanismos adoptados para frenar la sangría de despidos] y luego simplemente dejar que las cosas se vengan abajo”, ha recalcado.
Díaz ha recordado que, a día de hoy, el número de trabajadores afectados por estos mecanismos de regulación de empleo se encuentra en un porcentaje cercano a la mitad en comparación con las primeras semanas del estado de alarma, cuando el Gobierno puso en marcha los ERTE y prohibió los despidos vinculados al coronavirus, a principios del mes de abril. Según los datos del paro, dados a conocer la pasada semana, algo más de 1,5 millones de trabajadores ha salido de un ERTE a fecha del mes de junio, la mayoría de un expediente de causa mayor.
Para hacerse una idea del impacto de los ERTE basta con mirar la cifra de prestaciones que publicó la semana pasada el Ministerio de Trabajo. EL SEPE abonó en mayo 5.986.864 prestaciones, lo que supuso el desembolso de 5.526 millones de euros. Este “nivel máximo de protección” es el resultado de sumar las prestaciones de quienes estaban desempleados antes de la crisis sanitaria, de quienes han perdido su empleo como resultado del coronavirus y de las personas que se encuentran afectadas por ERTE y que, por ello, han mantenido su empleo. De hecho, del total del importe de prestaciones, 3.318 millones fueron a parar a las prestaciones por ERTE y 2.208 millones a las diferentes prestaciones por desempleo.
El Ejecutivo y los agentes sociales (CEOE, Cepyme, UGT y CC OO) alcanzaron hace dos semanas un acuerdo para extender estas herramientas hasta el 30 de septiembre, para analizar antes de que empiece el tercer trimestre del año la evolución del empleo y los efectos de la campaña de verano sobre el mercado laboral. En función de las cifras y de la la situación del mercado de trabajo, el Gobierno valorará si extiende los ERTE generalizados por fuerza mayor hasta final de año, una petición en la que insiste la patronal.
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