El Gobierno italiano aprobó este domingo la liquidación ordenada de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, que el viernes pasado fueron declarados insolventes por el Banco Central Europeo (BCE). La operación supone el traspaso de buena parte de los activos a Intesa Sanpaolo, el segundo mayor banco italiano, y la movilización de hasta 17.000 millones de euros de dinero público.
De este paquete de ayuda, 4.785 millones serán una inyección directa de fondos en el banco comprador para mantener sus ratios de capital y sanear activos, y otros 12.000 millones en garantías estatales para compensar el agujero patrimonial de las dos entidades liquidadas.
Como el proceso conlleva el uso de fondos de los contribuyentes, se aplicarán las normas de Ayudas de Estado de la Unión Europea, que obligan a aplicar un plan de reestructuración, y a imponer pérdidas a accionistas y a acreedores subordinados. Según la prensa italiana se cerrarán 600 oficinas y se despedirá a 4.000 empleados. Los acreedores seniors conservarán la inversión.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, dio este domingo su visto bueno al esquema. La danesa confía en que esta solución permita al Estado recuperar parte de los activos que ya tenía comprometidos en Veneto y Poplare di Vicenza, por lo que el coste neto para las arcas públicas sería menor que los 16.785 millones de euros anunciados en ayudas.
Después de que el BCE declarase insolventes a ambas entidades el pasado viernes, la Junta Única de Resolución de la Unión Europea (JUR) decidió que su caída no suponía un riesgo para el interés público, por lo que no hacía falta iniciar una resolución desde Bruselas. En su lugar, ordenó la liquidación de la entidad, que según las normas de la Unión Bancaria se realiza acorde con el marco legal del país de la entidad.
En la práctica, como la legislación italiana para liquidar bancos es muy flexible, este movimiento ha dejado margen al Gobierno de Italia para distribuir de forma más o menos arbitraria qué acreedores van a asumir las pérdidas de la quiebra del banco.
El 6 de junio el BCE declaró la insolvencia de Banco Popular. La JUR determinó que había riesgo para el interés general e inició un proceso de resolución sin dinero público que terminó con la venta a Banco Santander por 1 euro.
La diferencia clave entre la solución aplicada a Popular y la administrada a los dos bancos italianos es que, en el primer caso, la decisión de qué inversores iban a perder su dinero la tomó la JUR en Bruselas, y en el caso italiano, se ha delegado la decisión en Roma.
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