A su vez, la Airef rechaza hacer propuestas de modulación para las deducciones sociales o la exención de los servicios financieros, por cumplir ambos sus objetivos; ni para las deducciones por donativos en el IRPF, la de Sociedades, o la exención en educación y sanidad en la renta, al no obtener resultados concluyentes.
En el campo de la reducción fiscal por la aportación a planes privados de pensiones, la Airef insta a una reformulación dentro del marco del Pacto de Toledo al considerar que no cumple el objetivo de fomentar los sistemas complementarios a la prestación pública.
En la reducción por tributación conjunta, aunque se cumple el objetivo, se desincentiva la participación laboral del segundo perceptor de renta de la pareja (habitualmente la mujer), por lo que la Airef insta a su desaparición paulatina implantando un régimen transitorio.
En la reducción del arrendamiento de vivienda, asumiendo que se cumple el objetivo, dada la dificultad de acceso a vivienda de los hogares con rentas bajas, se propone reformular el incentivo para ayudar específicamente a colectivos vulnerables.
En el caso de los tipos reducidos y superreducidos del IVA, cumpliéndose el objetivo, se observan ineficiencias desde el punto de vis distributivo que llevan a Airef a proponer una revisión paulatina en relación con los bienes que consumen fundamentalmente rentas altas. En paralelo, recomienda, se deberían articular medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables.
En cuanto a los tipos reducidos de Sicav y Socimis, la Airef no extrae conclusiones concluyentes, pero dada la elevada concentración de la inversión en manos de un número limitado de accionistas, se propone reforzar los requisitos para el cumplimiento efectivo fijando un límite máximo de participación por accionista, para evitar la figura del mariachi, por ejemplo. “Los beneficios fiscales tienen un coste de oportunidad en términos recaudatorios por lo que es clave garantizar su eficacia para que cumplan el objetivo para el que fueron creados”, concluyen desde la Airef.
Más allá del análisis de los beneficios fiscales, esta segunda tanda de los spending reviews analizará, en futuros informes, 7.400 millones en gasto farmacéutico, hospitalario y de inversión en bienes de equipo; siete incentivos a la contratación por valor de 2.000 millones o la inversión en infraestructuras de los últimos 25 años, por 340.000 millones, de los que 7.000 millones fueron asignados en 2018.
Aunque el organismo fiscalizador tiene el compromiso de presentar estos informes antes de octubre, se ha acelerado la presentación de los dos primeros, el de beneficios fiscales de este martes y el de infraestructuras, que será publicado la próxima semana, mientras que los otros dos se harán públicos entre septiembre y octubre.
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