Durante su participación en el seminario «Economía, Trabajo y Sociedad en España. El impacto del Covid-19», organizado por el Consejo Económico y Social (CES), Hernández de Cos ha apuntado que los datos del primer trimestre arrojaron una caída del PIB del 5,2%, la mayor de la historia pese a contar solo con dos semanas de confinamiento, que afectó en mayor medida al segundo trimestre, por lo que espera una «notable intensificación» de la caída económica, de entre el 16% y el 21,8%.
No obstante, ha asegurado que a lo largo del trimestre se ha observado un «perfil de mejoría» económica en paralelo a la materialización del proceso de apertura gradual de la economía, si bien el proceso de recuperación es «incipiente» y todavía «incompleto, sujeto a una elevada incertidumbre y es desigual», por lo que cree que «probablemente» no evitará que en 2020 se registren las mayores caídas interanuales del PIB en tiempos de paz.
Para el tercer trimestre ha pronosticado que aunque se crecerá a tasas «significativas de dos dígitos» si la situación epidemiológica no experimenta cambios significativos, es «muy probable» que los niveles de PIB estén «considerablemente» por debajo que lo registrado en 2019. Según Hernández de Cos, la correlación de esta evolución de la actividad económica a lo largo del segundo trimestre con la intensidad de las restricciones a la movilidad de la población vigentes en cada momento fue muy elevada.
De esta forma, ha alertado de que algunos elementos de la crisis van a generar «cambios estructurales» en la economía y que a pesar de las medidas monetarias, financieras, presupuestarias y laborales «probablemente no se podrá evitar completamente el daño al tejido productivo». De cara a las políticas económicas de ámbito nacional, ha instado a lograr el doble objetivo de apoyar la recuperación y facilitar el ajuste de la economía al escenario post-Covid, lo que a su juicio exige extender y recalibrar periódicamente algunas de las medidas ya aplicadas, que tendrán que concentrarse de manera más focalizada ahora en los colectivos de empresas, sectores, como el turismo, y grupos de población más afectados.
Además, ha subrayado que su diseño «debe permitir que se produzcan los ajustes estructurales necesarios de cara al nuevo entorno que emerja tras la pandemia». Este «equilibrio» es el que hace «más difícil» la segunda fase de la crisis, para la que cree que con un apoyo fiscal «muy potente y generalizado» sea más fácil «coger el bisturí y ser mucho más preciso».
Para ello, ve necesario una respuesta conjunta con Europa, valorando el «muy satisfactorio» acuerdo sobre el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, que cree que hay que usar como «impulso fiscal» para dar prioridad, ya en el corto plazo, a los proyectos de inversión pública en innovación, en capital tecnológico, en educación y formación continua, y en proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía más sostenible, en línea con las directrices estratégicas señaladas recientemente por las autoridades europeas.
En todo caso, ha avisado de que las necesidades de financiación por la crisis serán «mucho mayores» que las que va a cubrir el fondo, y ha apuntado que falta un mecanismo de estabilización macroeconómico, completar la unión bancaria y un mercado de capitales común, entre otros puntos de mejora de gobernanza europea.
Tras reiterar que el BCE hará todo lo necesario para apoyar a la economía del área del euro, sobre la banca ha remarcado que los supervisores deben seguir ejerciendo una vigilancia estrecha sobre los riesgos para la estabilidad financiera y estar dispuestos para dar una respuesta contundente, a escala europea, en caso de que estos se materialicen.
De igual forma, ve «urgente» revisar los procesos de reestructuración e insolvencia de las empresas, con el objetivo de establecer procedimientos administrativos preventivos, ágiles y simplificados que les permitan continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables. En cuanto a los ERTE, tras su extensión hasta septiembre, ha indicado que hay que asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad laboral disponibles para las empresas, junto a las políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores afectados por los ERTE.
El gobernador del Banco de España ha reclamado una estrategia reformista «ambiciosa» para posicionar a la economía española en una senda sostenible de crecimiento, creación de empleo y bienestar, aumentando el potencial de crecimiento y productividad, y mejorando la cantidad y la calidad de la inversión pública y privada en capital humano y tecnológico, revisar el modelo educativo y favorecer el crecimiento y el dinamismo empresariales, así como atender la desigualdad.
También ve necesario reducir la dualidad del mercado laboral y la mejora de las políticas activas de empleo en un horizonte de medio plazo.
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