Aunque el Gobierno no ha hecho público el gasto estimado para este año en prestaciones por desempleo, las cifras disponibles hasta la fecha y las cuantías con las que trabaja el Ejecutivo apuntan a que esta factura rozará los 45.000 millones de euros, más del doble de lo gastado en 2019, cuando las ayudas a los desempleados y afectados por ERTE costaron 19.000 millones de euros. En el año pasado se registró, además, la primera subida del gasto en desempleo en siete ejercicios.
De momento, en el primer semestre de este año, el uso intensivo de los ERTE por parte de las empresas hizo que 3,4 millones de asalariados hayan llegado a estar inmersos en uno de estos ajustes y cobrando el seguro contributivo. Esto ha elevado el coste de dichas ayudas a 20.120 millones de euros entre enero y junio. A esto habrá que añadir el coste del segundo semestre. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuantificó este martes el coste de esta herramienta alternativa al despido de los trabajadores en “más de 4.000 millones al mes”.
Aunque en la actualidad ya solo quedan 1,1 millones de trabajadores en ERTE, se trata de aquellos que más difícil tienen su reincorporación y muchos de ellos podrían seguir en esta situación más allá del 30 de septiembre (fecha en la que decaen las actuales condiciones legales para estos ajustes) ya que la propia Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de prolongarlos. A esto habrá que añadir un previsible aumento de los despidos en empresas que no logren recuperar su actividad previa a la pandemia.
En definitiva, el coste citado por Sánchez llevaría a que entre julio y diciembre la factura del desempleo podría sumar otros 24.000 millones de euros. Esta cantidad, agregada a los 20.130 millones gastados en la primera mitad del año da como resultado los casi 45.000 millones antes citados para todo 2020.
Este volumen de dinero no se había alcanzado nunca en España para pagar prestaciones a parados y es incluso muy superior a los cerca de 32. 000 millones que se abonaron en 2010 por la crisis financiera de 2008 o los 31.000 de la crisis previa a esta última, en 1993.
De hecho, hay pocas partidas presupuestarias que sumen cantidades superiores, salvo la factura de las pensiones (alrededor 150.000 millones) o los salarios del sector público, que superan los 100.000 millones.
Si bien hay que recordar que la factura del desempleo no solo cubre a los ERTE, sino que también incluye el pago de las prestaciones de los que sí están en paro. Si se atiende solo al coste de las suspensiones de empleo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cuantificado estos ajustes entre los 15.000 y casi 18.000 millones de euros solo para el pago de prestaciones.
Pero este organismo añade otras cuantías que no se pagan habitualmente con la partida del desempleo como los cerca de 6.900 millones en exoneraciones de cotizaciones a las empresas en ERTE y alrededor de 6.000 millones en prestaciones por cese de actividad y exoneraciones a los autónomos.
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