La Seguridad Social precisa de ayuda para poder pagar las pensiones. Desde hace tres años, el Estado le presta miles de millones cada año para que pueda atender esta obligación. Pero no siempre ha sido así. De hecho, durante mucho tiempo fue al revés: se recurrió a las cotizaciones sociales para atender gasto que no le correspondía al instituto público. El Tribunal de Cuentas ha estimado que esa factura ascendería a 103.690 millones por el periodo comprendido entre 1989 y 2013. El auditor pide que se compense a la Seguridad Social, a la que, por su parte, le calcula una deuda con el Estado de 50.273 millones hasta 2018.
Las fuentes de financiación de las prestaciones que atiende la Seguridad Social están separadas desde 2013. Esto supone que las pensiones contributivas –aquellas que recibe quien ha cotizado para ello- se pagan con lo recaudado por cotizaciones y las demás con transferencias de Hacienda al instituto público. Pero hasta entonces el departamento que ahora dirige José Luis Escrivá estuvo asumiendo gasto impropio. No es que no se cumpliera la ley: el Tribunal de Cuentas deja claro que se cumplió. Pero también señala que no se respetaron las declaraciones de separación de fuentes que han aparecido en los presupuestos desde 1989 y se consagraron en la primera edición del Pacto de Toledo, en 1995.
Esto lleva al Tribunal de Cuentas a afirmar en su Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018: “La demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema [por la Seguridad Social], puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos (fundamentalmente cotizaciones sociales) la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social”.
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