¿Cómo se devolverán los 750.000 millones de euros que, en lo que supone un salto adelante de gran magnitud, la Unión Europea tomará prestados de los mercados? En teoría, todo está planeado. Se hará por la vía los nuevos “recursos propios” de que se dotará la UE, es decir, a través de nuevos impuestos europeos, sea el del plástico, el digital, el comercio de emisiones y el del carbono en frontera entre otros. En la práctica, excepto el del plástico no reciclado, el resto de propuestas están aún muy verdes y cuentan con un elevado grado de oposición por motivos diversos en cada caso.
Consciente de ello, la presidencia alemana de la UE recuerda los deberes pendientes. “Son deudas que habrá que devolver. Si no, la ecuación no sale. Iría en detrimento de otras tareas si no resolvemos la ecuación de cómo pagar la deuda”, dijo ayer el ministro de Hacienda, Olaf Scholz, ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo.
“Hay unas propuestas concretas que son los deberes que nos han puesto las decisiones del Consejo Europeo”, añadió el ministro alemán ante un Parlamento que es un gran defensor de estos nuevos recursos y que teme que los países arrastren los pies. “Nos preocupa el compromiso del consejo de ministros, el lenguaje acordado no es muy contundente”, le dijo el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, pidiendo un calendario preciso de aplicación.
La ventaja es que el pago de la deuda va para largo, con margen hasta el 2058, aunque el objetivo es empezarlo a pagar a finales de las próximas perspectivas financieras (2021-27) o en el inicio de las siguientes. Ventaja porque concede tiempo para aprobar unas propuestas controvertidas. La más fácil es la de la tasa sobre el plástico, un recargo de 80 céntimos por cada kilogramo no reciclado que, según los cálculos de la Comisión Europea, podría aportar 6.600 millones de euros anuales a los presupuestos comunitarios.
A partir de ahí, el camino se empina. Conocido es el vía crucis que sufre la tasa digital, la que se quiere aplicar a las grandes plataformas tecnológicas, esas empresas que tanto partido sacan de la economía europea y que tan poco contribuyen a los erarios públicos. Fracasado un primer intento en la UE, países como Francia y España lo están introduciendo, pero ya han recibido amenazas de represalias por parte de Washington, que lo interpreta como un castigo a las empresas de su nacionalidad. Actualmente, el debate está centrado en un marco más amplio, la OCDE, pero con expectativas reducidas.
Otro elemento es el impuesto a las transacciones financieras, lo que sería una versión de la tasa Tobin, ideada por este economista en la década de los setenta. También es otro dossier que se arrastra desde hace años en la UE. Una nueva fuente de financiación tendría que llegar de la extensión de los derechos de comercio de emisiones (ETS) al ámbito de la aviación y la marina mercante. Y finalmente, una novedad tan interesante como polémica: el mecanismo de carbono en frontera. Es decir, la tasa para evitar que la industria europea, sometida a reglas de reducción de emisiones de CO2, no quede en inferioridad de condiciones ante productos procedentes del exterior, donde no exista esta normativa.
Para la UE, es atractivo porque supone gravar fuera de su mercado y lo considera razonable por esta argumentación de igualdad de condiciones, pero sabe de la complejidad del cálculo y del riesgo de ser catalogada como medida proteccionista.
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