El Ministerio de Consumo prepara una nueva legislación que prohibirá que las empresas presten sus servicios de atención a sus clientes a través de números de tarificación adicional, los conocidos como 902. Una medida que fuentes de la cartera que lidera Alberto Garzón consideran de “justicia social”, y con la que buscan acabar con un “abuso generalizado” al contar estos números con un coste más elevado para los consumidores. Un abuso que, consideran desde Consumo, se ha agravado en el contexto de la pandemia por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad.
Consumo acometerá esta medida a través de la reforma del artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este fija que el uso de la línea telefónica que se ponga a disposición de los clientes “no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica”, entendiendo como tal “el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”.
El ministerio de Garzón quiere clarificar esa definición y para ello se basará en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017 en la que se establecía que la tarifa básica en un servicio de atención al cliente “no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar”.
Consumo abrirá un proceso de consulta pública y trabajo con asociaciones de consumidores y sociedad civil. El ministerio estima que en un contexto en el que todos los operadores de telecomunicaciones ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles “los 902 han quedado obsoletos”. Estos se encuadran en lo que se considera “números de tarificación inteligente”. También los 900 y los 901. Sin embargo, el primero es gratuito para el cliente y el segundo es de coste compartido entre el consumidor y la empresa.
En el caso de los 902 es el consumidor el que paga de forma íntegra la llamada, que además tiene un precio superior al de cualquier otra llamada ordinaria, sobre todo desde un teléfono móvil. También existen otros números llamados “adicionales”, como los 905 o los 803, 804 o 805, que también tienen altos costes, pero no son utilizados para servicios de atención al cliente, sino para juegos o concursos.
Esta reforma será el siguiente objetivo de Consumo una vez el Consejo de Ministros apruebe en octubre la ley de la publicidad del juego online.
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