La llamada Tasa Tobin. En concreto, el departamento que lidera la ministra María Jesús Montero ha impulsado una consulta pública sobre la regulación del cobro del nuevo tributo en la que propone eximir a los contribuyentes de tener que presentar una declaración anual de la tasa a cambio de aportar una mayor cantidad de información en su liquidación mensual.
El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras recibió este verano el visto bueno del Congreso de los Diputados y su tramitación continúa ahora en el Senado. De momento, el texto contempla que la entrada en vigor de la tasa arranque a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez sea aprobado definitivamente por el Parlamento, lo que hace prever que el primer cobro no llegue hasta enero de 2021.
La norma, sin embargo, deja para el desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la declaración y el pago del impuesto, así como de los supuestos en los que un depositario central de valores establecido en territorio español, en referencia a Iberclear, sea quien, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, efectúe la declaración y el ingreso de la deuda tributaria. A fin de tener listos estos detalles antes de la entrada en vigor del nuevo impuesto, Hacienda ha sometido a consulta pública un proyecto de real decreto al que los interesados podrán hacer aportaciones hasta finales de este mes.
“Se prevé que las autoliquidaciones mensuales contengan una información muy completa, lo que hace innecesario la presentación de una declaración anual. De esta forma se libera a los sujetos pasivos de obligaciones formales”, expone el documento, al que ha tenido acceso este diario. El texto indica que los sujetos pasivos del tributo deberán proporcionar al depositario central de valores datos completos “de cada operación sujeta (exenta o no exenta) respecto de las adquisiciones sujetas al impuesto”.
En definitiva, la idea es facilitar a los sujetos pasivos y al depositario central de valores el proceso de liquidación, ahorrándoles el trámite de una farragosa declaración anual, a cambio de exigir un mayor volumen de datos mes a mes que el depositario tendrá además la obligación de conservar por si la Agencia Tributaria requiere información adicional sobre determinadas operaciones.
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