Continúa el tira y afloja entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes para intentar llegar a un acuerdo sobre la extensión del plan de estímulos para hacer frente a las consecuencias económicas del Covid antes de las elecciones. El secretario del Tesoro de EE UU, Steve Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, intentarán nuevamente el jueves llegar a un acuerdo. El Congreso ha decidido aplazar la votación sobre las ayudas para dar tiempo a ambos partidos para negociar.
El miércoles, ambos se reunieron en Washington durante algo más de 90 minutos, y las conversaciones seguirán este jueves. Mnuchin generó esperanzas de un acuerdo al decirles a los periodistas que las discusiones habían logrado «mucho progreso en muchas áreas». La diferencia entre las dos propuestas, la demócrata y la republicana, es de 600.000 millones de dólares en gastos para impulsar la economía, lo que pone complicado el acuerdo.
Si los demócratas anunciaron hace unos días una propuesta de 2,2 billones de dólares, los republicanos han presentado un nuevo plan que disminuye esa cuantía hasta los 1,6 billones, más otros 20.000 millones de dólares en ayudas a las aerolíneas, según Reuters.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló a los periodistas durante un viaje en el Air Force One que la propuesta demócrata de 2,2 billones de dólares es «inaceptable». «Si [la cifra] comienza con un 2, será un problema real», dijo a los periodistas de camino a Washington desde el estado de Minnesota, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una manifestación antes de las elecciones de noviembre.
Además de las cifras, otras cuestiones han retrasado el acuerdo, hasta el punto de que pocos ven posible que salga adelante antes de las elecciones, ya que los legisladores se preparan para partir de Washington en las últimas semanas de la campaña electoral presidencial y del Congreso de 2020.
Entre los desacuerdos, está la petición demócrata de ayuda a los gobiernos estatales y locales, y también la exigencia republicana de que el pacto recoja una disposición que proteja a las empresas de demandas relacionadas con el coronavirus.
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