Modificar los tipos reducidos del IVA y eliminar los beneficios fiscales que presentan los planes de pensiones. El Gobierno de coalición trabaja en estas dos reformas dentro del marco de la confección de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo borrador se quiere presentar de manera inminente, y en ambos casos las medidas cuentan con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El Ejecutivo necesita elevar los ingresos con urgencia tras el zarpazo del coronavirus y tiene sobra la mesa una reforma exprés del IVA. El equipo de María Jesús Montero perfila estos días una reconfiguración de los tipos más reducidos, cuyo diseño negocia con Unidas Podemos, al tiempo que planea eliminar los beneficios fiscales que todavía tienen los planes de pensiones.
Entre las recetas de la Airef se encuentra una revisión al alza del IVA superreducido (4%) y reducido (10%), que tuvieron en 2016 un coste total de 17.786 millones (5.323 millones el primero y 12.463 millones el segundo) y restan, según la organización, el 2,1% del PIB, nueve décimas más que la media europea. También el tipo efectivo es más bajo en España: 11,1% respecto al 14% de la media de la UE.
La institución considera en su informe que este beneficio fiscal sí cumple su objetivo, porque «facilita el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos». Pese a ello, puntualiza que «desde el punto de vista distributivo» los tipos reducidos y superreducidos no son «eficientes», porque incluyen bienes que son consumidos por rentas altas. El 61% del beneficio generado por los tipos reducidos, explica en su informe la Airef, beneficiaría a estas rentas. Es por ello que la organización presidida por Cristina Herrero propone revisar el gravamen de, entre otros, restauración, hostelería, transporte, libros y prensa, bienes en los que más del 70% del beneficio fiscal de estos tipos recaería en rentas medias-altas, según la Airef.
Ayer, durante la presentación del informe, la presidenta de la Airef destacó que determinadas políticas de gasto «serían más eficientes para beneficiar a colectivos vulnerables y sectores estratégicos» que estos tipos. La Airef considera que si se suprimieran los incentivos del IVA la recaudación rondaría los 14.000 millones de euros, una vez descontado el impacto que tendría esta medida en el consumo. Instituciones como el FMI y la Comisión Europea ya han solicitado al Ejecutivo que revise los tipos reducidos del IVA.
El análisis de la Airef deja en una posición todavía peor a las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones. La institución considera que estos incentivos, que tienen un coste de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal), ni siquiera cumplen su objetivo, y pueden resultar negativos para un conjunto amplio de ahorradores «una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal».
Las desgravaciones ligadas a los planes de pensiones privados, en el punto de mira del Gobierno, son utilizadas fundamentalmente por rentas altas, que copan el 60% de este incentivo fiscal. Sin embargo, para la Airef son las rentas bajas las que se beneficiarían en mayor medida de los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, pero su escasa capacidad de ahorro impide que accedan a ellos. Esta escasa repercusión se refleja en las aportaciones: según el organismo, los españoles apenas ahorran 11.000 euros a través de estos instrumentos. Por todo ello, la institución propone la «reformulación completa de este beneficio fiscal», en consonancia con las recomendaciones que se alcancen en el Pacto de Toledo sobre estos planes privados.
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