El Consejo de Ministros extraordinario de este lunes dará luz verde al límite de gasto no financiero de 2018, conocido como techo de gasto, de 2018, que rondará los 120.000 millones de euros y es el prólogo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, así como la actualización del cuadro macroeconómico, que incluirá una revisión de tres décimas al alza de la previsión de crecimiento del Gobierno para este año, hasta el 3%.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó el viernes en Polonia que el Ejecutivo revisaría en tres décimas al alza, hasta el 3%, la estimación de crecimiento para 2017, si bien el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, adelantó con anterioridad que se actualizarán las previsiones tanto de este año, como de 2018, que contempla un alza del PIB del 2,5%.
Junto a la actualización del cuadro macroeconómico, el Gobierno aprobará el techo de gasto. Hacienda ha propuesto subir un 1,3% el techo de gasto de 2018, hasta llegar a los 119.834 millones de euros, con lo que sitúa la cifra 1.497 millones de euros por encima de la de 2017, que se cerró en 118.337 millones, según señalaron fuentes de la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.
No obstante, Montoro solo ha detallado que el techo de gasto no crecerá más del 2,3% que marca la regla de gasto, y ha apelado al diálogo con todos los grupos parlamentarios para recabar apoyos al límite de gasto no financiero, aunque ha llegado a afirmar ya que Hacienda contaba con los «apoyos necesarios» para que vea la luz.
En total, confía en contar con unos 1.500 millones más, lo que contribuiría a asegurar el recorte del déficit desde el 3,1% del PIB previsto para este año hasta el 2,2% comprometido para 2018 con Bruselas, y asegurar así que España saldrá el próximo año del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, ya que los ‘números rojos’ se situarían por debajo del 3% por primera vez desde el inicio de la crisis.
El aumento del techo de gasto permitiría además no tener que recortar ninguna partida social, como educación, sanidad o servicios sociales y, al mismo tiempo, gracias al aumento del 7,9% de los ingresos tributarios previsto para este año, cumplir con el déficit e incluso acometer alguna bajada de impuestos de cara al año que viene.
Los objetivos comprometidos con Bruselas fijan un déficit público del 2,2% para 2018, distribuido entre un 1,2% en la Seguridad Social, un 0,7% en la Administración Central y un 0,3% para las comunidades autónomas, frente al equilibrio que alcanzarán de nuevo las corporaciones locales.
De esta forma, tras salir del procedimiento de déficit excesivo el próximo año, el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones pactado para 2019 se sitúa en el 1,3%, repartido entre la Seguridad Social (1%) y la Administración Central (0,3%) y con equilibrio presupuestario en comunidades autónomas y entidades locales.
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