El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.
La maniobra no es sencilla, tal y como reconocen fuentes cercanas a la negociación. Entre otros obstáculos, está la cuestión de que la operación supondría esquilmar aún más los activos de un Ministerio de Trabajo ya mermado en competencias transfiriéndolos a la Seguridad Social capitaneada por José Luis Escrivá. No en vano, recientemente ambos gabinetes, el de Escrivá y el de Yolanda Díaz han limado las divergencias que pudieran existir en torno a la aprobación de las decenas de medidas que se vienen abordando desde el estallido de la pandemia. Al menos, en la cuestión de las pensiones ya que recientemente, tras ser preguntada por cuándo se va a abordar la reforma de las pensiones y si será posible llevarla a cabo cuando parece haber discrepancias al respecto entre los dos socios de Gobierno, pidió tener «máxima tranquilidad» respecto a la reforma de las pensiones, porque tanto ella como Escrivá están de acuerdo en la materia.
Ello, allanaría el camino para los partidos en la Comisión ya que se trata de uno de los arreglos financieros que Escrivá recomendó abordar de cara a la reforma del Sistema durante la última comparecencia en el Pacto de Toledo y que albergaría un amplio consenso entre el conjunto de fuerzas políticas.
Sin embargo, los saltos de valla para alcanzar el consenso en esta medida no quedan ahí. Cabe recordar, el proceso menguaría la capacidad del Sepe para afrontar pagos de prestaciones por desempleo, si bien es cierto que el organismo acumula superávits recurrentes durante los últimos años acompasados a un ciclo expansivo de la economía y de creación de empleo, casi 3.000 millones el pasado año. Ahora, el azote de la pandemia dejará a finales de año casi un millón de personas fuera del mercado laboral entre nuevos parados y personas en Erte por lo que el músculo financiero del Sepe podría volver a ser fundamental en los próximos meses.
Así, con las cifras disponibles hasta la fecha y las cuantías con las que trabaja el Ejecutivo la factura del desempleo, incluyendo prestaciones a parados y Ertes, rozará los 45.000 millones de euros, más del doble de lo gastado en 2019, cuando las ayudas a desempleados y afectados por Erte costaron 19.000 millones de euros.
Ahora, ante una previsión de que la caja del Sepe para atender a las prestaciones por desempleo se vea más tensionada de lo previsto la Autoridad Fiscal recomienda que al mismo tiempo que se desvía parte de esta cotización al pago de las pensiones, el Estado se haga cargo de las eventuales necesidades de financiación que tenga el servicio de desempleo durante los peores años de la crisis. Toda vez, que las previsiones para el mercado laboral recogen una palatina recuperación que devolvería a las finanzas del Sepe al nivel previo a la pandemia y permitiría ese margen de recaudación a favor de la Seguridad Social.
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