El Gobierno enviará mañana a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2021, en plazo, junto al nuevo cuadro macroeconómico, las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero (techo de gasto) de los nuevos presupuestos, que incorporarán ya 27.000 millones adelantados de los fondos europeos. También recogerá las directrices básicas del proyecto plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.
De esta forma, el Ejecutivo remitirá el jueves a Bruselas el plan presupuestario en plazo, puesto que la fecha límite está fijada para el 15 de octubre, sin necesidad de pasar antes por el Consejo de Ministros, según señalan fuentes gubernamentales, con las líneas básicas de los PGE. El proyecto está «prácticamente cerrado» y será presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en los próximos días y aprobado en Consejo de Ministros en octubre para su entrada en vigor a principios de 2021.
El Plan Presupuestario de 2021 marcará como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis del Covid, y se sustentará en un límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).
Además, incluirá el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año, con una tasa de paro del 17,1%, y contempla un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% teniendo en cuenta los fondos europeos, junto a un desempleo del 16,9%. En cuanto al déficit público, informará de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, así como de una la tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, en tanto que el cálculo para la deuda pública es que repunte al 118% del PIB este año.
No obstante, el Tesoro Público ha decidido reducir en 15.000 millones de euros el volumen de financiación previsto para 2020, lo que supone que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta de 282.137 millones.
En materia fiscal, PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente finiquitada su propuesta fiscal y darán en breve paso a la negociación con los grupos. Entre las medidas que se han abordado se encuentra una revisión de los incentivos de los planes de pensiones colectivos y de los beneficios fiscales y rendimientos de determinadas figuras fiscales.
En principio se ha renunciado a la eliminación de la bonificación a la educación privada, quedando por tanto exenta de un IVA del 21%, pero no se ha descartado en el caso de la sanidad privada. Sí se ha descartado en principio la bajada de Sociedades a pymes y la modificación de los tipos del IVA hasta que se recupere el crecimiento.
Tras aprobarse las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, se impulsarán impuestos ‘verdes’, un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos y en materia de pensiones se acometerán medidas, consensuadas en el Pacto de Toledo, que podrían pasar por incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustar elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas o la revisión del sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas.
Las pensiones públicas se revalorizarán con el IPC en 2021, con una previsión de un deflactor del PIB del 0% en 2021 y del 0,9% en 2021, mientras que no se ha desvelado si finalmente se congelará el salario de los funcionarios. De cualquier forma, el Gobierno aplaza la reforma fiscal «profunda» a cuando se recupere el crecimiento, para lo que va a constituir ya un grupo de expertos y seguirá trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica.
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