Según lo recogido en el borrador del Anteproyecto de Ley de los Presupuestos, los límites de desgravación se reducirían drásticamente, al pasar de 8.000 euros al año a 2.000 euros. Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones (mayoritariamente controladas por la banca) y la patronal aseguradora (Unespa) han elaborado un comunicado conjunto mostrando su malestar por las medidas anunciadas.
A juicio de sector del ahorro y la inversión, «la reducción de los límites de aportación que se pretende aplicar a los sistemas de previsión social no va a conseguir los efectos deseados». En cambio, «sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional».
El objetivo del Gobierno es priorizar el ahorro complementario para la jubilación a través de los planes de empleo, que son pensiones privadas que se impulsan dentro del ámbito empresarial, por la negociación de la empresa y los representantes laborales. El Ejecutivo pretende, para este tipo de vehículos, elevar el límite de desgravación, al pasar de los 8.000 euros actuales, hasta 10.000 euros.
La señal es clara: el ahorro complementario para la jubilación tiene que constituirse en el ámbito de las relaciones laborales. El gran problema es que, a día de hoy, solo grandes empresas y algunas administraciones públicas tienen constituidos planes de empleo para su plantilla. A través de esta fórmula se han acumulado en España 35.000 millones de euros, mientras que por medio de los planes de pensiones individuales se han llegado a un patrimonio agregado de 75.000 millones de euros.
Para banca y seguros, la fórmula utilizada es un error. En su comunicado, recuerdan que hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Sin embargo, en más del 90% de estos casos, las aportaciones anuales son inferiores a los 2.000 euros que sería el nuevo tope.
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