El libro amarillo que contiene el plan fue llevado ante el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que lo presentó como un primer paso para “reducir progresivamente la doble brecha fiscal” española con la UE. De un lado porque su gasto supone el 42,1% del PIB, frente al 47,1% comunitario, el 48,8% de Italia, el 45,2% de Alemania o el 55,6% de Francia. De otro, porque los ingresos suponen el 39,2% del PIB, frente al 46,4% de la UE, el 47% italiano, el 46,7% alemán, y el 52,6% francés.
Las nuevas cuentas, según la información remitida a Bruselas, elevarían el peso del gasto español al 48% del PIB y el de la recaudación al 40,3%. Se superaría por tanto el peso de la inversión europea sin rozar aún el de sus ingresos, teniendo en cuenta además que el agravamiento de la segunda ola de la pandemia hace indicar que la factura podría ser superior a la prevista y la recaudación inferior a la dibujada. De hecho, Montero defendió ayer esas cuentas presentándolas como “imprescindibles” para aprovechar las ayudas europeas, de cara a los partidos más pragmáticos; subrayando el peso de sus medidas sociales, en un guiño a las fuerzas de izquierdas, y mostrándose flexible a negociar su reforma fiscal ante los partidos de centro.
A la espera de ver la incidencia de la pandemia en la realidad económica, las cuentas incorporan un volumen de gasto sin precedentes. El presupuesto no financiero disponible es de 194.457 millones, un 52,4% superior al del año anterior, al incorporar los primeros 27.000 millones de ayudas europeas ante el Covid-19 (que el Gobierno prevé anticipar desde la entrada en vigor de las cuentas vía deuda) y transferencias extraordinarias de 18.326 millones a la Seguridad Social, para compensar sus gastos impropios y contener su déficit, y de 13.486 millones más a las comunidades autónomas, para apoyarlas en la pandemia.
Buena parte del acento está puesto en lo social, con planes específicos para cinco grandes colectivos clave. Se trata de programas de apoyo a la infancia (ampliando la educación pública de cero a tres años o dotando 159 millones para la lucha contra la pobreza infantil); los jóvenes (a los que destinará un plan de choque contra el desempleo de 663 millones, programas de digitalización y acceso a la vivienda) y a las mujeres (ampliando los permisos de paternidad, los programas de mejora del empleo, con 1.655 millones de dotación, o reforzando la lucha contra la violencia de género; o los mayores (con un alza del 0,9% para 9,7 millones de pensionistas y del 1,8% para 450.000 perceptores de prestaciones no contributivas; un alza del 34,4% en los fondos a la dependencia, hasta los 2.359 millones; otros 118 millones al Imserso y la elimina el copago farmacéutico para rentas inferiores a 5.635 euros, o 11.200 para quien no esté obligado a declarar). El quinto colectivo es el de los autónomos, para los que se prometen 2.230 millones en apoyo a turismo, comercio y pymes.
A su vez, las cuentas elevan además un 4,2% el gasto en personal (18.599 millones), tras aprobar un alza de los sueldos públicos del 0,9% que contribuye a elevar un 29,8% las operaciones corrientes, hasta los 195.686 millones; alcanzando un gasto no financiero de 236.331 millones, un 41% más que en 2020. Añadiendo un gasto financiero de 147.212 millones (22,5% más), el Presupuesto engloba fondos por 383.542 millones (un 33,3% más).
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