El pasado martes, tras la última reunión del Consejo de Gobierno, un grupo de ministros del ámbito económico se reunió para debatir posibles medidas de choque. En el encuentro estuvieron presentes la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño; el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Industria, Reyes Maroto. Inicialmente, estaba prevista la participación también de la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, pero la negociación presupuestaria con los grupos políticos le impidió asistir, según las fuentes consultadas.
Este encuentro, acordado para dar continuidad a una discusión en el anterior Consejo de Ministros, sin decisiones, sobre la posibilidad de adoptar medidas de choque, tuvo lugar en plena avalancha de medidas de restricción a las actividades comerciales y de restauración adoptadas por numerosas comunidades autónomas, que han generado malestar profundo e incluso protestas en los sectores más afectados. La situación hace temer una avalancha de cierres de pequeñas y medianas empresas, ya muy golpeadas en la primera ola y que ahora acumulan más deudas y muchos más meses sin apenas ingresos. El estado de alarma, vigente hasta el próximo mes de mayo, también mantiene paralizado al sector turístico, que no sólo ha dicho adiós a la campaña de Navidad, también ve seriamente amenazada la de la Semana Santa del 2021.
No hubo acuerdo en la reunión de los ministros económicos. De un lado, las partidarias de adoptar y anunciar ya medidas de emergencia, con diferente intensidad, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con responsabilidad sobre el mercado y la legislación laboral, y la de Industria, Reyes Maroto, titular directa de la política gubernamental en los ámbitos de comercio y turismo. De fondo, el diagnóstico de que las empresas más afectadas, especialmente de pequeño tamaño, están avanzando de una crisis de liquidez a una de solvencia, y las medidas de apoyo ya no pueden ser de financiación crediticia. Hay que plantear otras modalidades, entre ellas, las de la subvención directa.
Calviño y Escrivà, por su parte, también con diferenciada intensidad, se mostraron partidarios de esperar a tener más datos sobre los resultados de las medidas ya implementadas, como los ERTE o la situación de los autónomos. También, preocupación por el gasto público y el déficit.
Divergencias de apreciaciones que se mantienen, con algunos ligeros vaivenes, casi desde el primer día de esta crisis sanitaria. No se acordó tampoco nueva convocatoria de esa reunión ministerial, según las fuentes consultadas por este diario, si bien algunos de los ministerios implicados preparan propuestas.
En el caso de Industria, se trabaja para convocar en algunas semanas una conferencia sectorial, con participación de comunidades autónomas y ayuntamientos, para aprobar un plan en el ámbito del comercio y la hostelería. Aunque, claro, lo más importante está por definir, las ayudas públicas. De fondo, las protestas de los afectados, asfixiados por la falta de actividad, con los negocios cerrados sine die, sin ingresos. La patronal catalana Foment, por ejemplo, reclama desde hace semanas 50.000 millones para los sectores afectados. Y no en forma de créditos.
Sin embargo, apenas 24 horas después de esa reunión del equipo económico gubernamental casi al completo, Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, acudió al Congreso y realizó una amplia crítica al proyecto de presupuestos del Gobierno. De Cos mantuvo su línea habitual de análisis, centrada en la necesidad de mantener las ayudas públicas a la economía, pero enfatizó más que en otras ocasiones el exceso de optimismo del Gobierno. En especial, sus previsiones de crecimiento para el 2021, la capacidad de invertir productivamente los 27.000 millones de euros de fondos europeos incluidos en las nuevas cuentas públicas y las expectativas de reducción del paro previstas por el Gobierno.
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