El Gobierno ha puesto en marcha el diseño de un macro fondo de pensiones de empleo de promoción pública y gestión privada para facilitar estas herramientas de ahorro a pymes, autónomos y empleados públicos, aunque en principio estará abierto a todas las compañías que deseen adscribir sus propios planes colectivos a las condiciones que determine el fondo que promoverá públicamente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Sin embargo, el estudio de mercado elaborado por la consultora KPMG sobre la Situación de las pensiones en España. Impacto de la COVID-19 en las pensiones indica que, aunque casi la práctica totalidad de las empresas (el 87% de las consultadas) estarían dispuestas a “realizar una aportación sobre el salario a sus empleados con el objetivo de destinarlo al ahorro para su jubilación”, al mismo tiempo, un elevado porcentaje de las sondeadas (el 63%) ha indicado que actualmente no se dan las condiciones económicas para realizarlo.
En cuanto a las aportaciones que estarían dispuestas a realizar a favor de sus empleados, la mayoría (43%) ha contestado que estaría dispuesta a realizar una aportación equivalente a un 2% del salario. El siguiente grupo más numeroso estaría formado por el 29% de las compañías que aumentaría esta disposición hasta una cuantía igual que el 4% de dicho salario, según este estudio.
Desde los departamentos de recursos humanos consultados, esta elevada predisposición a suscribir un plan de pensiones colectivo obedece a “la creciente demanda por parte de la plantilla de contar con un sistema de previsión. De hecho, este estudio –que celebra este año su cuarta edición– también ha preguntado a los trabajadores su grado de preocupación acerca de sus rentas para la jubilación obteniendo un llamativo 98% de personal preocupado en distintos grados. Así, solo un 2% asegura no tener ningún tipo de inquietud al respecto; mientras que un tercio (33%) dijo estar “un poco preocupado”, más de la mitad (55%) aseguró simplemente que le preocupa y el 10% restante indicó estar “sumamente preocupado” por su nivel de rentas en el momento de su retiro.
Para analizar la opinión acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones actual, se ha preguntado a los participantes sobre la necesidad de llevar a cabo reformas en el mismo y parece haber un claro consenso entre los participantes del estudio. Un 95% de los mismos ha respondido afirmativamente tanto a la pregunta de si consideraba necesario llevar a cabo una reforma en la Seguridad Social previamente a la llegada de la emergencia sanitaria como a la de si lo considera necesario después del impacto de la COVID-19. Es más, entre estos últimos, hay un 63% que cree que las reformas que se llevarán a cabo próximamente implicarán una reducción de las futuras pensiones públicas.
En este escenario demandante de ahorro para la jubilación, este estudio ha preguntado también a las empresas participantes acerca de su opinión sobre qué tipo de medidas considera necesarias para el crecimiento y desarrollo de la previsión social complementaria. Un elevado 77% han coincidido en apuntar tres tipos de iniciativas: que el Gobierno tome medidas en materia de fiscalidad (alto que demanda un 82%); de mejora de comunicación acerca de cuál será la pensión que podría corresponder al trabajador en el futuro; así como que se establezca la obligatoriedad de realizar aportaciones a sistemas privados.
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