El presidente del Círculo, John de Zulueta, va más lejos y cree que las cuentas, en vez de ayudar a las empresas, hacen “lo contrario”. En su análisis de los Presupuestos para 2021, que se presentó ayer, el Círculo considera que éstos se basan en un cuadro macroeconómico “desfasado” por la evolución de la pandemia y alerta de que contiene medidas de gasto que tendrán consecuencias a medio y largo plazo como “el aumento del déficit estructural”. La solución a la crisis excepcional “no puede ser subir los impuestos, es un error de manual”, según Zulueta.
Su documento afirma que los ingresos están sobredimensionados y que la recaudación por la creación de nuevos tributos está estimada al alza en 2.000 millones de euros. “El aumento de la presión fiscal bascula sobre las familias y las empresas, lo contrario que han hecho nuestros socios europeos”, en palabras del economista Juan María Nin. En cuanto a los gastos, “apoyamos al 100% las medidas sociales de carácter excepcional”, señaló Nin, pero hay partidas que dispararán el gasto estructural “como el pago de los intereses de la deuda o la subida a los funcionarios”.
Fedea, por su parte, asegura en su último boletín que en el paquete de los fondos de la UE “se echa de menos una partida destinada a la recapitalización o ayudas a fondo perdido a empresas viables en los sectores más afectados por las restricciones sanitarias que ayude al tejido productivo”. Más allá, el organismo que dirige Ángel de la Fuente, coincide en considerar “optimistas” las previsiones económicas sobre las que el Ejecutivo sustenta el Presupuesto.
Incluyendo las de 2020, cuando Fedea estima que la recaudación podría a caer el doble de lo que prevé Hacienda. El documento recuerda que el Ejecutivo espera una rebaja de tributos y cotizaciones de 23.600 millones, un 5,4% menos frente a 2019, pero que desde 1995 la recaudación oscila en línea con el PIB, lo que arrojaría un retroceso del 11%, 50.000 millones menos. Aun aceptando que este año se rompa esa correlación, hasta septiembre los ingresos tributarios habían caído un 7,7%, tendencia que de mantenerse elevaría en 10.000 millones la pérdida asumida por el Ejecutivo.
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