El Gobierno diseña un impuesto sobre los residuos con el que espera recaudar 861 millones en 2021. Se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, y gravará el depósito en vertedero y la incineración con un máximo de 40 euros por tonelada, que se reducirá hasta un 50% si la basura se recoge separadamente. Aún se debe definir cómo se combinará con los cánones y tasas autonómicas sobre la materia, pero debería servir para evitar las sanciones de Bruselas por incumplir la legislación europea.
Cuando el Consejo de Ministros aprobó en octubre la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, entre las medidas fiscales incluyó un nuevo impuesto sobre residuos, con una recaudación de 861 millones en 2021, que pasó prácticamente inadvertido en el conjunto de cuadro económico y la relevancia de la subida del tipo impositivo al diésel, finalmente retirada.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada por la prensa por el nuevo tributo, se limitó a explicar que formaba parte de la fiscalidad ambiental, que ésta se comparte con las comunidades autónomas, y que «la iremos trabajando a lo largo del próximo año». Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) explica a el Economista que el nuevo impuesto se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, ya en tramitación -ha recibido el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-, cuando se remita al Congreso de los Diputados, presumiblemente en las próximas semanas.
El Miteco también apunta que trabaja con Hacienda para diseñar el tributo y compaginarlo con la fiscalidad ambiental de las comunidades autónomas, que son competentes en la materia. La Cartera de Montero sólo emplaza a esperar a que concluyan los trabajos para saber cómo se concreta.
No obstante, las comunidades autónomas manejan un anejo de la futura Ley con una primera propuesta del impuesto, se lo remitió el Miteco para recabar su opinión. La Cartera dirigida por Teresa Ribera y los gobiernos regionales vienen colaborando desde el año 2018, en la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, en un tributo sobre el vertido y la incineración que sea homogéneo para todo el Estado y con carácter finalista, es decir, que su recaudación revierta en reducir el volumen de residuos y mejorar su tratamiento y gestión.
Una veintena de estados europeos ha disponen de este tipo de figura fiscal, al igual que 10 comunidades autónomas -Baleares la ha anunciado para el año que viene y Castilla-La Mancha y País Vasco preparan las suyas-, pero con gran disparidad, tanto en los tipos impositivos como sobre las clases de residuos gravados o, incluso, sobre su carácter finalista, porque el de Madrid no lo es y sólo en Cataluña y Navarra alimenta un fondo ambiental específico.
En todo caso, se considera que el modelo es el catalán, que ha ido aumentando progresivamente la presión fiscal hasta ser, con mucho, la más elevada: en los residuos municipales el depósito en vertedero supera los 47 euros por tonelada y la incineración los 23 euros. El citado anejo plantea niveles impositivos similares, pero con rebajas por separar la basura orgánica, una de las grandes asignaturas pendientes del país.
Así, el nuevo impuesto grava el vertido de residuos no peligrosos con 40 euros por tonelada y la incineración con 20 euros; pero si el 15% de los biorresiduos municipales se recoge separadamente, la cuota tributaria del vertido es de 30 euros -15 euros la incineración- y si la separación alcanza el 30%, el vertido se queda en 20 euros y la incineración en 10 euros. En el caso de los residuos peligrosos, el depósito en vertedero costaría 15 euros y la incineración 10 euros. Para los residuos inertes, el vertido se fija en tres euros.
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