Esta organización considera que se trata de una tasa «injusta» y que se ha convertido en «confiscatoria». El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado que ha tomado esta decisión tras ver el tratamiento que este impuesto recibe en los presupuestos del Estado para el 2021 y constatar, a su juicio, su carácter «confiscatorio» y la voluntad del Gobierno de convertirlo en «permanente».
Durante su intervención en el coloquio Nueva Economía Fórum, Sánchez Llibre ha explicado que la junta directiva de la patronal tomará este mismo jueves la decisión de llevar al Defensor del Pueblo la petición de recurrir al Tribunal Constitucional y que ha hablado ya con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para pedirle su apoyo. Foment mantiene una posición muy beligerante con respecto a los impuestos, tanto con respecto a la política de la Generalitat, contra la que llegó a llevar a cabo incluso una campaña publicitaria, como la del Gobierno central.
En su ofensiva, Foment se refiere a la inconstitucionalidad del artículo 66 y la disposición derogativa primera de los Presupuestos Generales del Estado. En el primero se eleva el tipo máximo del gravamen al 3,5% y en el segundo se deroga el precepto que establecía este tributo con carácter temporal, con lo que pasa a ser permanente o indefinido.
«Queremos una fiscalidad competitiva para las empresas y las familias de Catalunya y hoy eso no es posible por una presión fiscal excesiva por parte del Govern de la Generalitat (…) y por parte del Gobierno del Estado español, que plantea con estos Presupuestos Generales del Estado para el 2021 un incremento de impuestos y también un incremento del impuesto del patrimonio que le da carácter indefinido, cuando hasta ahora era temporal». De hecho, el nombre de esta figura tributaria, nacida en 1978, es «impuesto extraordianario sobre el patrimonio».
«Es una injusticia total. El impuesto de Patrimonio era transitorio y ahora pasa a ser definitivo. Foment no se quedará de brazos cruzados y presentaremos a través del Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad para que pueda desaparecer de la fiscalidad española», ha dicho de forma contundente Sánchez Llibre. A su juicio, con este tributo, que no se exige en Madrid y con el que Catalunya recauda en torno a la mitad de lo que se ingresa por el mismo en toda España (unos 500 millones de un total de unos 1.000), «se agrava ahorro procedente de rentas que ya han sido objeto de tributación y se trata de un tributo que no existe en el resto de países de la Unión Europea. Y, por eso mismo, hace años que debería haber sido suprimido».
Foment considera que el incremento del 3,5% que ha registrado este impuesto lo convierte en «confiscatorio», además de denunciar que se trata de una tasa que «grava los rendimientos del ahorro que ya se han pagado a través del IRPF». Josep Sánchez Llibre. La organización patronal, que denuncia que España es el único país que cuenta con un impuesto de estas características, presentará su petición ante el Defensor del Pueblo una vez se hayan aprobado definitivamente los presupuestos generales del 2021. «Quién es capaz de obtener de su patrimonio en estos momentos rendimientos del 1%, 2% o el 3,5% como para pagar el impuesto que lo grava?», se ha preguntado.
Este gravamen, del que hay pocos ejemplos en Europa, fue suprimido por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero lo resucitó en el 2010 dada la caída de ingresos provocada por la crisis. Desde entonces se ha ido prorrogando su vigencia anualmente. Su desaparición estaba prevista para el 2012, pero se ha ido prorrogando anualmente desde entonces, también por parte de los ejecutivos del PP encabezados por Mariano Rajoy.
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