El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha destacado este jueves la importancia de la “seguridad jurídica” en el mercado inmobiliario y ha alertado de las consecuencias negativas que tendría una crisis del sector sobre el conjunto de la economía, aunque él mismo ha señalado que se trata de un escenario poco probable. “Un derrumbe inmobiliario, que creo que no se va a producir, sería muy negativo en términos de riqueza”, ha señalado Guindos en un encuentro virtual organizado por Asval (una organización de propietarios de vivienda en alquiler que agrupa a grandes compañías y pequeños caseros) y Europa Press.
Preguntado por los últimos movimientos del Gobierno en materia de regulación de vivienda, como los decretos antidesahucios o la preparación de la primera ley estatal de vivienda, Guindos ha remarcado que respondía con una “opinión meramente personal”. “La seguridad jurídica es muy importante”, ha continuado el exministro de Economía, “los mercados en que hay mayor oferta de alquiler y mayor estabilidad de precios son aquellos en que hay un marco jurídico garantista”.
En un breve análisis de la situación, Guindos se ha referido al marco macroeconómico para defender que el escenario de previsiones de crecimiento del BCE “sigue siendo realista, pero a lo mejor con un peor comportamiento en el primer semestre y un mayor rebote en el segundo”. Entrando en materia inmobiliaria, el vicepresidente del Eurobanco ha señalado que las ayudas de los países para sostener las rentas de las familias (como, por ejemplo, los ERTE en España) han ayudado a que el mercado residencial “no haya sufrido excesivamente”. Más afectado se ve, ha dicho, el mercado de inmuebles comerciales, con “caídas importantes desde el punto de vista de transacciones” que son “el paso previo a caídas de precios”.
El llamamiento del exministro ha sido saludado por los profesionales del sector que han participado, con posterioridad a la intervención de Guindos, en un breve coloquio sobre el mercado del alquiler. “Lo repetiremos las veces que sea necesario: la seguridad jurídica es importantísima”, ha señalado Eduardo Mendiluce, consejero delegado de Aliseda y Anticipa, dos de las firmas de gestión inmobiliaria del fondo Blackstone en España. “Existen cada vez más medidas que limitan el derecho a la propiedad y que se puede decir que son casi expropiatorias”, ha asegurado Juan Pablo Vera, consejero delegado de Testa (otra de las firmas de Blackstone y también asociada de Asval). “Cada vez nos cuesta explicar más a nuestros accionistas, financiadores y otros interesados qué es lo que está pasando”, ha añadido.
Mendiluce se ha mostrado contrario a que la futura ley de vivienda contemple “penalizaciones” a pisos vacíos o a grandes propietarios. “Los precios de alquiler ya se están autorregulando”, ha asegurado en una alusión velada a los sistemas de control de precios que, según el acuerdo entre los dos socios de Gobierno, contemplará también la norma. En el plano más inmediato, el gestor inmobiliario de Blackstone ha advertido que “a diferencia de la crisis de 2008, los desahucios van a venir por la vía de impago de alquiler”. Por eso ha apostado por “pensar en fórmulas a aplicar después del estado de alarma” aunque ha dejado claro que las que actualmente ha puesto en marcha el Gobierno no gustan en el sector. Mendiluce ha insistido en lo que ya propuso Asval en su día: ayudas directas a inquilinos para que puedan seguir haciendo frente al pago de las rentas.
Además de con la participación de Mendiluce y Vera, el encuentro ha contado con el exalcalde de Barcelona Joan Clos, quien es actualmente presidente de Asval; con el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo; y con el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa. Beatriz Toribio, directora general de Asval, ha sido la encargada de moderar la mesa redonda.
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