El Gobierno publicó ayer un informe pormenorizado por cada comunidad y ciudad autónoma cuantificando la asistencia prestada en cada territorio, y detallando el calado de cada uno de sus programas de actuación. El conjunto de documentos permite establecer que, en todo 2020, el Estado ha sostenido a más de cuatro millones de trabajadores mediante los expedientes de regulación temporal del empleo; ha inyectado a las regiones casi 5.000 millones de euros para sufragar la prestación de cese de actividad de los autónomos; ha reconocido a 457.227 personas el derecho a percibir el ingreso mínimo vital (IMV); ha concedido avales públicos por 87.194 millones de euros para facilitar financiación bancaria a 581.231 empresas; y ha realizado transferencias extraordinarias a las regiones por más de 16.000 millones de euros, sin incluir la factura de los ERTE, y otros desembolsos recibidos en la documentación pero desligados de la crisis del Covid-19.
Más allá, la comparación de los documentos permite concluir que Cataluña ha sido la región más beneficiada por la red de asistencia desplegada por el Estado central para encarar la pandemia, seguida por Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. A la cola quedarían La Rioja, Cantabria y Navarra. Así, la región catalana acapara el 20% del gasto regional asumido por el Estado, sumando las inyecciones realizadas desde el fondo Covid-19, el fondo social extraordinario, el pago de los ERTE y del cese de actividad. El fenómeno se explica, en parte, porque la catalana es la región que más trabajadores ha tenido con el empleo suspendido (816.331, uno de cada cinco) y la segunda por autónomos afectados, solo por detrás de Andalucía (que tiene un millón más de habitantes).
Cataluña habría sido, después de todo, la gran economía española más castigada por la crisis, con un retroceso interanual de PIB del 11.67% en 2020 frente al -9,05% nacional (-11% en términos de volumen), según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Una debacle solo superada por Baleares (-19,98%), que es la décima comunidad con mayor asistencia estatal, y Canarias (-12,52%), que es la quinta del listado.
Cataluña es además la comunidad con mayor número de empresas beneficiadas por las garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 115.834, frente a las 96.979 de Andalucía o las 80.611 de Madrid. Es esta última región, sin embargo, la que mayor volumen de garantías acapara, 17.770 millones frente a los 16.182 millones de Cataluña, lo que indica que las empresas catalanas han solicitado un mayor número de préstamos, pero de menor cuantía que las madrileñas.
También en este caso, La Rioja y Cantabria son las regiones con menor aprovechamiento de las líneas ICO, obteniendo sus empresas menos de un millar de euros en avales, en cada caso. En el caso del IMV, la mayor receptora de fondos es Andalucía, con 154.477 beneficiarios, lo que casi triplica la cifra del siguiente territorio en la lista, la Comunidad Valenciana, con 59.303, a la que sigue Madrid con 45.813 y Cataluña, con 35.314.
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