El nuevo impuesto a las transacciones financieras, popularmente conocido como tasa Tobin, todavía no está listo para rodar. El tributo entró en vigor el pasado 16 enero, pero su primera liquidación, que iba a ser en febrero, se retrasó al mes de abril debido a que todavía faltaba por cerrar su desarrollo normativo. Ahora, a poco más de dos semanas de que se abra el periodo para presentar las autoliquidaciones ―previsto para el 10 de abril―, Hacienda ha decidido volver a demorar los plazos porque el reglamento sigue en fase consultiva, según confirman fuentes conocedoras del proceso.
La tasa Tobin gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Los sujetos pasivos, es decir quienes tendrán que pagar el tributo, son los intermediarios financieros que llevan a cabo la adquisición, y no se gravará la compra de acciones de pymes y de sociedades no cotizadas. El Gobierno, según recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pretende recaudar con esta nueva figura unos 850 millones de euros.
El impuesto a las transacciones financieras se pagará con frecuencia mensual y el plazo de presentación del modelo es del 10 al 20 del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación. Hacienda ya en enero había decidido aplazar el primer pago ―correspondiente a ese mes, pero que se iba a efectuar en febrero― por no tener aún lista la letra pequeña sobre el funcionamiento de este nuevo tributo. Ahora, la situación se ha vuelto a repetir: el reglamento del impuesto, que tiene que recibir luz verde definitiva en el Consejo de Ministros, sigue sin estar listo.
El hecho de que se vuelvan a demorar los plazos para presentar las liquidaciones no implica sin embargo que se suspendan las obligaciones para los contribuyentes. Simplemente, los pagos correspondientes a cada mes de lo que va de año se realizarán de un solo golpe.
El pasado 16 de diciembre, antes de la entrada en vigor del impuesto, la Agencia Tributaria identificó a las compañías cotizadas cuyas acciones presentaban a esa fecha una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. En total, 56 empresas, entre ellas Inditex, Iberdrola o Banco Santander. A partir de este año, la fecha de corte para seleccionar las firmas con capitalización superior a 1.000 millones será el 1 de diciembre.
El impuesto sobre determinados servicios digitales o tasa Google también entró en vigor el 16 de enero y su primer pago, previsto para abril, se aplazó por la misma motivación: todavía no estaba listo su desarrollo normativo. En este caso, las liquidaciones serán trimestrales, y Hacienda ha retrasado el primer pago a julio ―entonces se abonarán los primeros dos trimestres―. De momento, esta fecha se mantiene, y Google y Amazon ya han anunciado que repercutirán el impuesto sobre los clientes de Ads y los vendedores de la plataforma, respectivamente.
El Gobierno prevé que este tributo, que gravará a un 3% servicios como la publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos generados por el usuario durante su actividad, aporte a las arcas públicas unos 968 millones este año. Solo lo pagarán las compañías con ingresos globales superiores a 750 millones y facturación en España de más de tres millones.
La ministra de Hacienda, sin embargo, se ha comprometido a modificar esta figura si y cuando esté listo el impuesto digital global en el que trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo pretendía aprobarlo el año pasado, pero la llegada de la pandemia y la renuncia de la anterior Administración estadounidense de Donald Trump a seguir en las negociaciones frustró su objetivo.
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