El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de hoy en los espacios al aire libre de todo el territorio español para mayores de seis años, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros, que hasta ahora estaba contemplada como excepción en la norma. Así, el Gobierno endurece estas medidas, conocidas como ley de ‘nueva normalidad’, que fueron aprobadas el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta nueva ley recoge que será obligatorio llevar la mascarilla «en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público». Hasta ahora, se estipulaba el uso de mascarilla siempre y cuando fuera imposible guardar la distancia de seguridad de metro y medio.
Sin embargo, también detallan que la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
«Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias», explica el documento en el que se recoge la ley.
En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid, el documento recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el ‘stock’ disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.
Además, incluye que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. Asimismo, alude a la garantía de un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.
Durante su debate en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que esta norma va a «permitir avanzar el control de la pandemia y también en funciones de vigilancia, inspección y control de casos». «Esta norma será medular en la gestión de la pandemia hasta su finalización. Recoge buena parte del compromiso adquirido durante la gestión de esta dolorosa crisis. Está llamada a ser una fuente de conocimiento para aquellos que tengan que tomar decisiones similares en el futuro», argumentó.
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