Ese es el día en el que entra en vigor esta medida dirigida a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres que ronda el 22 %. La medida afecta a casi 1,5 millones de empresas, que son las que tienen asalariados, de acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque alrededor de 900.000 tienen solo 1 o 2 empleados. Dadas las dificultades que han tenido algunas empresas en la elaboración de estos registros, sobre todo las más pequeñas, el Gobierno ha creado una herramienta que se presentará esta semana y será voluntaria y gratuita, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo.
Esta herramienta, consensuada entre los Ministerios de Trabajo e Igualdad y los agentes sociales, permitirá hacer «sencilla, inteligible e intuitiva» la elaboración de esos registros salariales, con criterios más concretos sobre cómo se totaliza, ha explicado a EFE la directora de Empleo de la CEOE, Rosa Santos. El registro debe arrojar los valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo según la jornada u hora trabajada.
Cada empresa deberá hacer constar en su registro, también por sexo, la media aritmética y mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25 % o más, el empresario deberá justificar que el motivo responde a causas objetivas y no supone una discriminación de género.
Para la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, esta tasa del 25 % que evidencia una discriminación salarial «es muy elevada» y, pese a ello, considera que los registros «van a poner sobre la mesa que en muchas empresas hay desigualdad». Y es que los trabajadores tendrán derecho a acceder, a través de su representación legal en la empresa, al registro salarial, deja claro en declaraciones a EFE la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien recuerda que «si la empresa lo niega habrá que recurrir a la Inspección», así como si éste «no se ajusta a la legalidad».
Tal y como aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al aprobarse el reglamento, el registro retributivo será la herramienta que permitirá a los trabajadores denunciar la desigualdad salarial, lo que puede conllevar multas de la Inspección de Trabajo de hasta 187.000 euros para las empresas infractoras. Esta es una de las herramientas creadas para asegurar la igualdad retributiva de hombres y mujeres, a la que se suman las auditorias salariales, que ya están obligadas a realizar las empresas de más de 100 trabajadores, mientras que las de 50 a 99 lo estarán a partir del 1 de marzo de 2022.
Estas auditorías deberán incluirse en los planes de igualdad, que también deben tener ya las empresas de más de 100 trabajadores, y a inscribirlos en un registro. Según los datos de convenios colectivos que proporciona el Ministerio de Trabajo, en 2020 se firmaron 145 acuerdos de empresa que incluían un plan de igualdad, el 34,2 % de los suscritos el pasado año, que afectan a 77.281 trabajadores.
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