El Ministerio de Energía ha puesto en marcha de manera urgente los trámites para refacturar los tributos autonómicos del año 2013 en el recibo de la luz. El Tribunal Supremo obligó al Gobierno a tener que trasladar a los clientes las cantidades de estos impuestos ya que la Ley del sector eléctrico establecía que en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, se permitiría que al peaje de acceso -una de las partes del recibo- se le pudiera incluir un suplemento territorial, que podría ser diferente en cada comunidad autónoma o ayuntamiento.
El 11 de junio de 2014, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de la Orden IET/221/2013 por no haber incluido dichos suplementos territoriales y se obligó al Ministerio de Industria a proceder a su inclusión. El 22 de septiembre de 2016 en una denuncia de Iberdrola contra la Orden IET/1491/2013 se declaró igualmente que no era conforme al ordenamiento jurídico porque no se incluían estos recargos y el Alto tribunal dio un ultimátum.
El 23 de enero de este año, el Gobierno aprobó la Orden ETU/35/2017 en la que establecía los suplementos territoriales de Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y Valencia sobre 2013 y que suponían una refacturación de 16,4 millones para evitar una sanción, incluso de carácter personal al ministro de Energía.
En aquel momento solo estas pocas autonomías habían facilitado la información y el Gobierno arrancó la medida para eludir dicha multa. Más de medio año después, las eléctricas no han podido todavía refacturar y el Supremo le ha concedido al Ejecutivo un mayor plazo para poder hacerlo correctamente.
El Alto tribunal ha requerido al Ministerio para que apruebe de manera urgente los suplementos restantes no incluidos tomando como referencia, en caso de no contar con la mejor información, la que dispone el Ministerio de Hacienda.
De hecho, en un auto del pasado 29 de mayo, el propio Supremo reconoció que se necesitan más datos para poder realizar las refacturaciones. Por ese motivo, el Ministerio prepara una Orden Ministerial por la que obligará a las Comunidades Autónomas a dar los datos concretos de cada uno de los tributos para poder refacturar los recibos y poder cerrar una cifra definitiva. De este modo, las 15 autonomías afectadas -a excepción de País Vasco y Navarra por su régimen foral- cuentan con tributos ambientales que afectan a activos energéticos y que, por lo tanto, deberán ser refacturados.
Según los cálculos del Ministerio ya realizados, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deberá refacturar 5,86 euros, a los de la C. Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, 0,02 euros anuales se pagarán en Cataluña y 0,05 euros en La Rioja.
Según el borrador de Orden Ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha y 3,9 millones a la C. Valenciana por impuestos ambientales, cerca de 142.000 euros vendrán de Cataluña por la Ley de Protección Civil y 16.538 euros procederán de La Rioja por los impuestos por el impacto visual, pero quedan otros muchos por cuantificar para definir las cantidades.
Además, a esta refacturación se añadirá previsiblemente otra del margen de comercialización que las eléctricas también ganaron en los juzgados.
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