El Gobierno quiere convertir la rehabilitación de vivienda en uno de los puntales de la recuperación económica. Para ello incorporará nuevos estímulos fiscales en los principales programas que ha diseñado con el fin de canalizar las ayudas europeas hacia las familias que acometan una renovación verde de su casa. Junto con las subvenciones directas, el Ejecutivo prepara un retorno de las deducciones por reformas, uno de los beneficios que sucumbieron con la Gran Recesión en 2013. La medida tendrá un impacto que se estima en 450 millones de euros y se financiará con cargo a los 6.820 millones de recursos europeos recogidos en la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la referida a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
Todo dependerá, claro, de la intensidad con la que los hogares españoles acojan la nueva ola de renovación de edificios que Europa ha presentado como una de sus iniciativas bandera para avanzar en la descarbonización. Procedentes de los fondos del plan Next Generation EU, España destinará a programas de rehabilitación 5.800 millones (los otros 1.000 de la componente 2 van a la edificación de nueva vivienda social), con el objetivo de llevar a cabo actuaciones en unas 500.000 casas entre 2021 y 2023.
Las ayudas directas a la rehabilitación irán desde el 35% del importe de la obra hasta el 100%, aunque los porcentajes más altos se reservan a intervenciones integrales de regeneración urbana en vecindarios con riesgo de exclusión social, que de otra manera difícilmente podrían costear tales obras. Para las familias que se acojan a los programas que quedan fuera de esas grandes intervenciones urbanísticas, las subvenciones a las que podrán optar van del 35% hasta el 70%.
Y a esas ayudas directas se unirán las deducciones fiscales, según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Inicialmente el planteamiento de ese departamento, sobre el que recaen las competencias estatales en vivienda, era establecer dos incentivos (del 30% o del 60%), pero finalmente los requisitos se simplifican y darán lugar a tres posibilidades de deducción diferentes: del 20%, del 40% o del 60%. Los tres porcentajes se han consensuado ya con Hacienda y, al dotar de mayor progresividad a las medidas, “se ajustan más a las necesidades existentes”, según las citadas fuentes. La finalidad es crear “un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares”.
La idea es que, combinando las deducciones con las ayudas, los ciudadanos tengan un aliciente muy potente para acogerse a estos planes. Tomando como ejemplo una subvención media del 50% y la rebaja fiscal media del 40%, el resultado sería que el 90% del coste de la obra quedaría cubierto por los incentivos previstos.
El Gobierno considera que esta iniciativa será la que tenga más visibilidad de todas las financiadas con los fondos europeos y es muy importante que se ponga en marcha cuanto antes para que sirva de estímulo para la recuperación económica y del mercado laboral. El sector de la construcción, y singularmente el de la rehabilitación, es muy intensivo en la utilización de mano de obra y contribuirá a reducir el desempleo, recuerdan fuentes gubernamentales.
Puesto que el dinero procedente de Bruselas ya se tuvo en cuenta en los Presupuestos, la estimación es que estos estímulos comiencen a estar operativos a mediados del verano, antes incluso de la liberación de los fondos europeos, que como mínimo se demorarán hasta septiembre. Dado que estos incentivos fiscales se articulan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en todos los casos las deducciones van dirigidas a los particulares, no a empresas. Y por lo tanto se restará de la cantidad a pagar del IRPF visualizándose en la declaración que se haga del impuesto al año siguiente.
Los 450 millones de deducciones se computan en principio en los dos principales programas de rehabilitación dirigidos a particulares (uno general y otro para municipios de menos de 5.000 habitantes). También será un requisito indispensable que se trate de reformas de vivienda habitual, tanto si es donde vive el propietario como si la tiene alquilada a otra familia. No se aplica, por tanto, a segundas residencias. El beneficio que se va a obtener siempre se calcula en función del ahorro en el consumo de energía que se consiga con la mejora del inmueble, puesto que las ayudas europeas —y, por tanto, el plan de recuperación de Gobierno— se enfocan en la eficiencia energética.
Para obtener una deducción del 20% en el IRPF bastará con reducir un 7% la demanda de calefacción o refrigeración de la vivienda. Según estas fuentes, sería suficiente con sustituir unas ventanas normales por unas de altas prestaciones que aíslen mejor la casa del frío y el calor. Lo que se pretende es que no queden fuera de los estímulos fiscales aquellos hogares que no están dispuestos a hacer grandes obras. “Hay gente que igual no quiere hacer rehabilitaciones tan profundas, pero sí quiere hacer cosas y así se incentiva que las hagan”, señalan en Transportes.
Si se logra reducir un 30% o más el consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, entonces el beneficio fiscal ya se elevará hasta un 40%. Habrá que acreditar la mejora en el certificado de eficiencia energética de la vivienda. Este certificado es el que clasifica las casas en siete letras (de la A a la G) a partir de unos valores de consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono asociados al inmueble. La manera de acreditarlo y otros requisitos se concretarán en el desarrollo del programa, un paso imprescindible que tiene que acometer el Gobierno junto con la modificación del IRPF en la propuesta fiscal, que se hará mediante decreto. No obstante, las citadas fuentes insisten en que el objetivo de reducir un 30% el consumo de energía es prácticamente imposible con actuaciones menores: requeriría un proyecto integral que comprenda varios elementos de la vivienda para conseguirlo.
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