El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció ayer CaixaBank para despedir a 8.291 empleados, el 18,67% de la plantilla, se ha colado de lleno entre los políticos y el Gobierno. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado los elevados sueldos de los banqueros, y ha anunciado que pretende minimizar los despidos de CaixaBank, entidad en la que el Estado es el segundo accionista, con el 16,1% de su capital. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha iniciado públicamente una batalla contra el salario de los banqueros, algo que la sociedad lleva tiempo criticando, además de los supervisores y en esta ocasión los sindicatos.
La responsable de Economía ha llamado este miércoles a CaixaBank y a la banca en general a «actuar con responsabilidad» tras el ERE anunciado por esta entidad para 8.291 trabajadores, y ha afirmado que el Gobierno va a «seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo». En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, tras asistir a la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Calviño ha asegurado que, ante los retos a los que se enfrenta el sector, el Gobierno ha «venido instando» desde hace tres años a «buscar y trabajar activamente en alternativas» y «hacer todo lo posible» para evitar los despidos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha calificado como «inaceptables» los «altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades», y ha asegurado que supone «una preocupación» que el Gobierno ha trasladado durante todo este tiempo tanto a las propias entidades como al Banco de España. «Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas», ha aseverado.
Calviño ha reconocido que el sector financiero «se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración» por su «situación de pérdida de rentabilidad», ante «retos» derivados de los bajos tipos de interés, la digitalización o la creciente competencia. Por ello, ha asegurado que durante estos años han venido «advirtiendo» de la necesidad de «adoptar determinadas medidas para cambiar el rumbo de las entidades y del sector en su conjunto» que «minimizasen el impacto negativo sobre el empleo».
«Esa es la línea que vamos a seguir teniendo. Creo que las entidades y el sector financiero en su conjunto debe actuar con responsabilidad y tratar de buscar todas las alternativas posibles», ha instado la vicepresidenta, asegurando que la destrucción de empleo prevista supone «una pérdida de valor y capital humano que simplemente España no puede permitirse».
Sus declaraciones contrastan con las afirmaciones realizadas el martes por su colega en el Gobierno, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien aseguró que, de no haberse producido la fusión entre CaixaBank y Bankia, “se estaría asistiendo a un expediente [de regulación de empleo] muy superior” al presentado por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. Aunque añadió que el Gobierno “siempre lamenta” un ERE.
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