La Unión Europa ha reaccionado a la crisis del Covid-19 dando un giro copernicano a las políticas de austeridad con las que afrontó la Gran Recesión y aprobando un paquete de estímulos fiscales sin precedentes. La importancia de estos apoyos directos a la economía palidece, sin embargo, frente a las movilizadas por uniones más consolidadas en lo político, además de en lo fiscal y lo monetario, como es el caso de Reino Unido o, sobre todo, Estados Unidos.
Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado ayer por el grupo de opinión y reflexión en economía política EuropeG, presentado ante la prensa por su director, el doctor en Economía y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, Antoni Castells, que fue consejero de economía catalán con los Gobiernos del tripartito (2003-2010). “Ha sido una respuesta rápida, contundente y, a diferencia de lo que ocurrió en la Gran Recesión, de orientación integracionista, favorable a la intervención de los poderes públicos y contraria a las políticas de austeridad”, valora Castells, que considera la movilización de 750.000 millones de euros en ayudas en el marco del Next GenereationEU “una apuesta mayúscula”.
Pese a ello, matizó durante un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), económicamente “su impacto será importante, pero no desmesurado si se compara con otros países”. Así, detalle el informe, España habría impulsado estímulos fiscales directos por el equivalente al 4,2% anual de su PIB, y alcanzará el 6,2% con las ayudas europeas. Alemania, el país comunitario más decidido, ha movilizado un 9,7%, o hasta un 10% con el apoyo comunitario. Por su parte, Reino Unido ha dado estímulos por el 12,5% de su PIB, en línea con el plan inicial de EE UU. “Esto quiere decir que, en conjunto, estos países sumando las dos” palancas (nacional y comunitaria) de estímulos “se quedan prácticamente en la mitad de lo que han hecho Reino Unido o EE UU”.
Y, es más, si sumamos los planes fiscales recientemente impulsados por el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, la importancia de su política fiscal superaría “el 25% del PIB” frente al esfuerzo español que –incluso con la aportación comunitaria– supone una cuarta parte. Además, agrega Castells, la ausencia de un Ejecutivo comunitario electo resta legitimidad a las reformas que se exigen a cambio de las ayudas y demora el proceso por el pulso entre los 27 Gobiernos nacionales. Y un riesgo añadido es que los fondos acaben en manos de grandes grupos cercanos al poder local en lugar de apoyar la recuperación, dice.
Desde Europe G consideran, sin embargo, que el proceso está ayudando a consolidar el proyecto europeo, que se dispone a emitir deuda conjunta por primera vez, y que “da el primer paso hacia la unión fiscal”. Los 360.000 millones en ayudas directas se van a financiar con emisiones de deuda a 38 años (con seis ejercicios de carencia), lo que supone una carga financiera de alrededor del 9% del Presupuesto europeo (y el 1% de su PIB). Una magnitud, a devolver hasta 2058, que se busca costear creando cuatro nuevos tributos comunitarios: a las actividades digitales (tasa Google), financieras (tasa Tobin); al carbono en frontera y a las emisiones contaminantes. Un objetivo que Castells considera optimista.
“Son impuestos menores” que, aunque se logren pactar con los países frugales, expone asumiendo que ahí será clave la posición alemana, “tendrán que completarse con otros impuestos de mayor potencia recaudatoria”. Aunque una opción de partida es endurecer el IVA, expone, cree que aquí puede jugar un papel clave el nuevo impuesto de Sociedades global que venía debatiendo la OCDE y defiende ahora Biden.
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