Autónomos, empresarios, patronales e instituciones como el Banco de España llevan meses reclamando la necesidad de impulsar un plan de ayudas directas que permita al tejido productivo sobrellevar la prolongación de la pandemia. La respuesta llegó el 12 de marzo, cuando el Gobierno de coalición resolvió sus diferencias internas en cuanto al diseño y lanzó un plan de refuerzo de la solvencia empresarial de 11.000 millones de euros con 7.000 en asistencia directa que tardaría algo más de un mes en facilitar a las autonomías. Transcurrido el plazo, solo cinco regiones han firmado el convenio con Hacienda que desbloquea los fondos.
El documento les fue remitido a todas las comunidades entre el jueves y el viernes de la semana pasada, pero siete días después el grueso seguía sin haberlo remitido al Ministerio que tarda hasta 10 días en realizar la transferencia desde que el documento le es devuelto firmado. Esto unido a la normativa autonómica que cada región quiera impulsar para modular las ayudas promete seguir retrasando el momento en el que pymes y autónomos podrán recibir las ayudas.
Una de las últimas regiones en aceptar ha sido Madrid, cuya aceptación había llegado a estar en duda, al menos hasta pasadas las elecciones autonómicas del 4 de mayo, por los reproches del Ejecutivo autonómico al central en torno al reparto de fondos. De los 7.000 millones, 2.000 se reservaron a Canarias (1.144 millones) y Baleares (855,7), mientras que las principales beneficiarias de los 5.000 peninsulares fueron Andalucía (1.109,2) y Cataluña (993,3), quedando Madrid justo por debajo con 679,3 millones. Pese a denunciarlo, según ha sabido este diario, la región ha acabado aceptando el convenio prometiendo complementar las ayudas con fondos autonómicos.
Las dos primeras regiones en aceptar fueron Extremadura (106,5) y Castilla-La Mancha (206,3), según reveló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del martes, que el jueves en el Congreso añadió a la lista a Castilla y León (232,6). La Comunidad Valenciana (647,08), por su parte, anunció el viernes que también ha aceptado. Los 1.871 millones en ayudas de estas regiones serán, por tanto, los primeros en repartirse mientras que al resto no llegarán ya al menos hasta el mes de mayo. Montero dijo que el Gobierno está dispuesto a intervenir si alguna no firma.
Las comunidades justifican en parte el retraso en la aceptación de las ayudas directas, de 3.000 euros por autónomo y de 4.000 a 200.000 por empresa, por la fuerte burocracia que comporta al obligarles Hacienda a notificarles semanalmente los datos de todos los solicitantes.
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