Un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y otro sobre los residuos en vertederos. La medida, sin embargo, aún debe ser tramitada en el Parlamento lo que retrasará su entrada en vigor previsiblemente hasta otoño. Unido este calendario a la demora en la tramitación de la ley antifraude, los ingresos adicionales que el Gobierno estimó en su día que podrían conseguirse con las novedades fiscales para 2021 amenazan con quedar rebajadas en un 35%.
La aprobación de los Presupuestos Generales para 2021 dejó por el camino algunas medidas inicialmente previstas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina (que habría arrojado 500 millones de euros) o la inclusión de los lácteos en el gravamen a bebidas edulcoradas. La suma de las medidas incluidas en las cuentas junto a una batería de nuevas medidas tributarias a aprobar en paralelo arrojaba una recaudación extra de 5.635 millones en 2021. Restando los 1.568 millones que supondría la rebaja del IVA de las mascarillas para el conjunto del ejercicio, el monto quedaba reducido a 4.067 millones.
Esta cifra, sin embargo, partía de la previsión de que el nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que gravará con 0,45 euros cada kilo de este material no reciclado, permitiría ingresar 491 millones en el conjunto del año. A su vez, asumía que la nueva tasa sobre los residuos, que viene a sustituir la decena de las que ya operan en distintas regiones españolas, aportaría una recaudación de unos 861 millones al año, a razón de unos 40 euros por tonelada.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros no aprobó hasta ayer el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluye ambas tasas, y que está pendiente ahora su tramitación parlamentaria, es de prever que no entren en vigor hasta el otoño. La recaudación resultante, sería, por tanto, una cuarta parte de la calculada para el conjunto del ejercicio: de unos 123 millones en el caso de los plásticos y de 215 en el de los residuos.
En paralelo, la estimación incorporaba una recaudación de 828 millones por la nueva ley contra el fraude fiscal, que incluye límites a los pagos en efectivo entre profesionales, o el refuerzo de la lista de morosos, entre otras mejoras en la prevención y lucha contra los delitos tributarios. Aunque esta norma sí que fue aprobada por el Consejo de Ministros con antelación, en octubre de 2020, actualmente ha quedado estancada en su tramitación parlamentaria. Hacienda ha comunicado a Bruselas que se aprobará este mismo trimestre. Dándolo por bueno, solo estaría en vigor en la segunda mitad del año, lo que rebajaría sus efectos recaudatorios a la mitad sobre lo inicialmente previsto.
En consecuencia, de los 4.067 millones extra a recaudar en 2020 el Estado solo acabará obteniendo unos 2.639 millones, un 35% menos de lo presupuestado. Incluso sin tomar en consideración el impacto de la rebaja del IVA de las mascarillas, cuyo efecto negativo sería menor si, como parece, el avance de la vacunación permite rebajar su obligatoriedad, al menos al aire libre, de los 5.635 millones que iban a aportar las nuevas medidas se pasaría a 4.207, un 25% menos.
Powered by WPeMatico