La CNMV lanzará un estudio este año sobre el impacto del nuevo tributo en la Bolsa española, según fuentes conocedoras de las intenciones del vigilante del mercado. En los primeros cinco meses del año, el importe de la renta variable negociada en BME se ha hundido un 18,5%, hasta 154.568 millones. La fragmentación de la negociación en otras plataformas también motiva el descenso, y la reforma de la directiva Mifid 2 será clave en esta cuestión.
Que los intermediarios financieros paguen por las compras en Bolsa es un proyecto ideado en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Pero el impuesto, similar al que se cobra en Francia e Italia, no entró en vigor hasta el pasado 16 de enero. Se paga el 0,2% por las operaciones de compra –no las de venta– de los valores españoles que capitalizaban más de 1.000 millones a cierre del pasado 16 de diciembre. Son 56 los afectados y no se incluirán aquellos que, aunque superen el umbral, hayan debutado este año, como Línea Directa.
La CNMV, en la etapa presidida por Sebastián Albella que concluyó el pasado diciembre, criticó con dureza la medida. «Sería lesiva para el mercado español, especialmente en un momento de tanta competencia entre los diferentes centros financieros», señaló Albella en octubre de 2018. El objetivo del supervisor que ahora preside Rodrigo Buenaventura es evaluar de manera fina cuál ha sido el impacto real del tributo en la Bolsa española. Aunque el sujeto pasivo –quien en teoría lo paga– es el intermediario financiero, este último se lo repercute al inversor.
El volumen negociado en renta variable en el mercado regulado que gestiona BME entre enero y mayo se situó en los 154.568 millones de euros, un 18,5% por debajo de la cuantía de los mismos meses del año pasado. Este retroceso se ha producido a pesar de que entre el 12 de marzo y el 16 de mayo de 2020 la CNMV prohibió la apertura de nuevas posiciones bajistas con el objetivo de frenar las caídas de la Bolsa española. Una medida que dañó los volúmenes negociados y la liquidez, como reconoció posteriormente el propio supervisor.
Un portavoz de BME señala que «es pronto para hacer una valoración consistente sobre el impacto, teniendo en cuenta que las condiciones del mercado han sido muy diferentes en los comienzos de 2021 que las que se dieron en 2020», pero añade que el impuesto se aplica a valores que representan el 96% de la capitalización. «En un contexto de menor actividad de mercado, los valores españoles son menos atractivos al serles de aplicación un coste adicional del 0,20% en la adquisición», añaden desde BME.
La actividad en plataformas alternativas también juega en contra de los mercados regulados en la Unión Europea. La Federación Europea de Bolsas (FESE) aseguró el pasado 1 de junio que el 48% de la negociación de acciones se ejecutaba de manera opaca, lo que se debe en parte a la reforma de los mercados europeos de 2018, con la segunda edición de la directiva Mifid 2. Esta incentiva que los intermediarios empleen plataformas alternativas a los mercados regulados.
Las plataformas se dividen en dos tipos: las transparentes (lit, en la jerga) y las opacas (dark pools). Estas últimas no ofrecen información previa a la negociación sobre precios ni volúmenes de las órdenes. Y la mayor parte de los supervisores europeos, entre ellos la CNMV, aboga por limitar su utilización, debido a que el régimen actual de estructura de mercado plantea problemas de liquidez, formación de precios y competencia.
Las grandes entidades financieras se baten ahora en una guerra por esta regulación con los gestores de las Bolsas. La Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME), que agrupa a los mayores bancos del mundo, ha solicitado que los cambios no restrinjan más la negociación fuera de mercado. Aduce que, en realidad, el porcentaje de negociación oscura es de solo el 17%.
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