La Comisión Europea (CE) anunció hoy que entra en una fase de negociación con los agentes sociales para actualizar ciertos mínimos de protección a los trabajadores, especialmente a aquellos con empleos más informales y precarios.
«El papel de los agentes sociales es fundamental» y si negocian un acuerdo, la Comisión lo respetará, señaló en rueda de prensa el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis. El político letón agregó que, si los representantes de las empresas y de los trabajadores optan por no negociar, la CE presentará su propia propuesta para actualizar la legislación comunitaria en la materia.
Sindicatos y patronales tienen de plazo hasta el próximo 3 de noviembre para contestar, con el objetivo de que la actualización de una normativa que data de 1991 se oficialice durante la Cumbre sobre Crecimiento y Empleo que se celebrará en Gotemburgo (Suecia) el próximo 17 de noviembre.
En su evaluación de la directiva llamada a ser revisada, la Comisión ha detectado que muchos trabajadores en la Unión Europea (UE) no reciben, como deberían, una confirmación por escrito de sus condiciones de trabajo o al menos no toda la información que necesitan en un plazo oportuno.
«Algunas prácticas en algunas relaciones laborales precarias pueden ir en detrimento de los trabajadores, especialmente las relativas a trabajos informales», precisó la Comisión en un comunicado, en el que destacó tres áreas prioritarias de trabajo.
La primera, pasa por «aclarar» a quién se aplica la directiva, teniendo en cuenta que el mercado laboral ha cambiado profundamente en los últimos veintiséis años.
La segunda consiste en reforzar las comunicaciones escritas citadas anteriormente, por ejemplo, con las condiciones horarias de la tarea. Y la tercera pasa por establecer «algunos derechos básicos como el de un cierto grado de predictibilidad sobre el trabajo para los trabajadores con contratos muy flexibles».
En una primera fase de negociación, las organizaciones sindicales «estuvieron de acuerdo en la necesidad de mejorar la efectividad» de la directiva en revisión, pero una «amplia mayoría» de organizaciones patronales lo rechazó.
«Por ello, los agentes sociales no estuvieron en posición de iniciar formalmente el proceso de negociación conjunta previsto por el artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). No obstante, se reservaron el derecho de hacerlo en una segunda fase de negociación», recordó la Comisión.
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