El Gobierno quiere a poner orden entre los reguladores. El Ministerio de Economía publicó en su página web una consulta pública previa para elaborar el anteproyecto de ley con el que reformará la estructura actual. En él, se vislumbran que los planes del Gobierno pasan por acabar con la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y crear cuatro nuevas autoridades administrativas independientes (AAI). La fecha límite para la remisión de observaciones es el 17 de marzo.
El actual superregulador de Competencia –que integra 18 organismos diferentes, como la antigua CNC y también los supervisores del mercado energético o de correos– dividirá sus funciones en dos organismos. Abrirá una AAI encargada de la Competencia y otra con atribuciones sobre la regulación de los mercados. Además, el documento contempla que el Banco de España conserve intactas sus funciones en la supervisión de entidades de crédito.
La intención del Gobierno es acabar con la actual Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) como órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Sus competencias se transferirán al nuevo organismo independiente. Y, por otro lado, la nueva entidad dedicada al usuario actuará a modo de ventanilla única. Centralizará las reclamaciones de los usuarios de servicios financieros, responsabilidades repartidas ahora entre la CNMV, al Banco de España y Seguros.
También aboga por que el actual Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) deje de depender del Ministerio de Economía. El ICAC pasará ahora a integrarse en la CNMV. La Comisión Nacional del Mercado de Valores pasará a ser también una AAI.
El Ministerio utiliza una figura instaurada en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las autoridades administrativas independientes. Según esta normativa, se trata de entidades de derecho público con personalidad jurídica propia. Las AAI tienen funciones de regulación externa sobre sectores económicos o actividades determinadas cuyo desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto a la Administración General del Estado.
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