El Gobierno ya ha hecho los números de lo que cuesta equiparar los permisos de maternidad y paternidad: aumentar la prestación de los hombres de las cinco semanas actuales a las 12 que disfrutan las mujeres supone 1.266 millones más, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Este es uno de los elementos sobre la mesa en la negociación presupuestaria. Ante el optimismo del Gobierno, Podemos volvió a mostrar su preocupación por ver las conversaciones estancadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo que los Presupuestos tendrían un guiño importante a la conciliación familiar: avanzarían en la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y se universalizaría la educación de cero a tres años con cargo a fondos públicos. Sobre lo que cuesta la primera medida, elevar el permiso de los padres de cinco semanas a 12, el Ejecutivo calcula que costaría unos 1.266 millones más, a razón de 105,5 millones por semana. Esta cantidad habría que sumarla a lo que ya gasta la Seguridad Social por este concepto: según los números de 2017, 1.520 millones por la prestación de maternidad y 399 millones por la de paternidad (aunque el año pasado el permiso era de cuatro semanas).
El gasto público puede aumentar si se tiene en cuenta que cuando alguien se toma el permiso por tener un hijo, el empresario puede contratar a un sustituto y sus cotizaciones están bonificadas. No obstante, esta cantidad no está incluida en el cálculo inicial de Trabajo. Al desembolso de dinero público, habría que añadir los 300 millones en cotizaciones empresariales. Cuando alguien coge el permiso por tener un hijo, el empleador sigue pagando las cuotas que le corresponden.
El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaron el martes para tratar de agilizar el tramo final de la negociación, como confirmó el primero: “Estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo”. Unas horas antes, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró que la negociación iba “muy bien” y se atrevió a anunciar que durante la jornada se conocerían más detalles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue más cauta en el Senado y explicó que, aunque también era optimista, prefería no adelantar ningún detalle ni plazo.
Ante el aparente entusiasmo del Gobierno, Iglesias advirtió que “no entenderán ninguna negativa” a las respuestas que su formación le envió este martes al equipo negociador que lidera Montero. “Son propuestas razonables”, opinó; “el Gobierno tiene que ceder”. El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, reduce las exigencias que el proyecto inicial de 50 páginas y 17 puntos de Unidos Podemos planteaba. Las demandas más importantes se mantienen en el paquete de vivienda, precariedad laboral y dependencia. “En los últimos días hemos visto cómo las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados”, se lee en el documento.
La principal queja del grupo confederal se refiere a lo que consideran falta de precisión e inversión en las partidas presupuestarias. “No es aceptable que se pretenda destinar 400 millones de euros a dependencia porque solo sacaría del limbo a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben”, puntualiza Unidos Podemos en su documento. “Tampoco es asumible que se planteen cantidades que después se fragmentan en varios ejercicios presupuestarios”. Unidos Podemos está especialmente preocupado porque el Gobierno plantee proyectos de ley y no recurra a otras fórmulas ante el bloqueo parlamentario que ejercen el PP y Ciudadanos en el Congreso. “En la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse”, resumen.
Powered by WPeMatico