Una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social es rebajar a 52 años la edad a partir de la cual los trabajadores en paro sin ningún ingreso puedan acogerse a un subsidio de 426 euros al mes. El Partido Popular amplió la edad a 55 años, dejando fuera de la ayuda económica a miles de parados, por lo que el Gobierno Sánchez se marcó como prioridad devolver el derecho a como estaba antes de la etapa Rajoy.
El Gobierno ya ha pactado con los sindicatos un texto y la intención, según explicó la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, a los agentes sociales es que la medida esté en marcha en enero. Igualmente, les adelantó que el coste de rebajar de 55 a 52 años el derecho al subsidio tendrá un coste global de 3.070 millones para los próximos seis años.
La medida ha pasado por un calvario. En agosto, Valdeolivas ya anunció su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de septiembre; sin embargo, fuentes de la negociación confirman que, primero, Hacienda paró el proyecto, y después, las organizaciones empresariales sentadas en la mesa de negociación mostraron su oposición, algo que se confirma desde fuentes del Gobierno. Finalmente, la rebaja de la edad a 52 años para acceder al subsidio no saldrá de un acuerdo tripartito, sino de uno entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.
Pero no es el único de los obstáculos con los que tiene que lidiar la reforma. La intención a partir de septiembre del Ministerio que lidera Magdalena Valerio era aprobarla en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, en el texto legislativo, al que ha tenido acceso elEconomista.es, se incluye referencias a dos disposiciones finales de la Ley de Presupuestos de 2019.
Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo resaltan que «el subsidio ahora mismo se está negociando en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, Valdeolibas anunció hace unos días a los agentes sociales que la reforma estará aprobada en enero y, si no puede ser mediante los Presupuestos, será con un texto propio.
Las fuentes oficiales consultadas reconocen que a día de hoy no está decidido que, de ir fuera de Presupuestos, sería mediante Real Decreto o por un Real Decreto-Ley. No obstante, a pesar de no estar decidida la fórmula legal, fuentes conocedoras del proceso apunta a un Real Decreto-Ley, lo que exigiría que el texto sea convalidado en el Parlamento.
El Gobierno estima que la medida beneficiaría a 114.000 personas nuevas que accederán al sistema de protección. Pero, además, fuentes del Ejecutivo señalan que permitirá que 372.000 trabajadores accedan a una pensión de jubilación algo más digna, pues de no llevarse a cabo la reforma deberían jubilarse de forma anticipada, por dejar de percibir el subsidio a los 61 años.
Beneficiarios que irán aumentando a lo largo de los próximos años. Según las estimaciones aportadas por el Ministerio en la mesa de negociación, el coste de la medida supondría el próximo año 363 millones de euros ?en el borrador de Presupuestos remitido por Hacienda a Bruselas se cifra en 323 millones?, 530 millones en 2020, un total de 587 millones en 2021 y 708 millones de euros en 2020. A partir de ahí, empezará a reducirse el coste, con 455 millones en 2023 y 427 millones en 2024.
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