El objetivo sería intentar sumar a los empresarios y a un mayor número de grupos parlamentarios, que serían necesarios para que la nueva normativa laboral saliera adelante. El Ejecutivo baraja que los cambios en materia laboral –uno de los tres asuntos sobre los que prevé legislar el viernes junto con Seguridad Social e igualdad en el empleo– incluyan fundamentalmente cuatro cuestiones.
La primera de ellas sería devolver la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, después de que la reforma de 2013 invirtiera esta relación, priorizando los acuerdos de negociación colectiva en el seno de las compañías. Si bien en este caso, las fuentes consultadas indican que el Ejecutivo podría estar pensando en hacer prioritarios los convenios sectoriales, pero solo para el salario base. Estas mismas fuentes apuntaron que Podemos querría también añadir la distribución de la jornada, pero esta materia podría permanecer bajo la prioridad del convenio de empresas.
En segundo lugar, el Gobierno sí mantendría su intención inicial de recuperar la prórroga automática de los convenios colectivos en caso de que no haya acuerdo para su renovación (la denominada ultraactividad). El argumento del Ejecutivo para realizar este cambio es que, en la práctica, y según las estadísticas de la Comisión Nacional de Convenios colectivos, más del 60% de los convenios vigentes aún tienen cláusula de ultraactividad que garantiza su aplicación hasta que se pacte un nuevo convenio. Esto hace que la mayoría de los convenios no se verían afectados por la recuperación de la ultraactividad.
La tercera de las materias que el Gobierno quiere aprobar en este Decreto sería la implantación de un registro horario de la jornada diaria en las empresas. Esta cuestión ha sido, además, recientemente avalada por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se ha mostrado a favor de que la ley española introdujera esta obligatoriedad de registro horario. En este caso, fuentes de la propia Administración aseguraron que la forma de implantación podría ser remitir la obligación patronal de registrar la jornada a la negociación colectiva. Esto es, que cada sector o empresa decidiera en los convenios como se llevaría a cabo dicho registro.
Finalmente, el Ejecutivo quiere aprobar una modificación normativa sobre la regulación de la subcontratación (artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores). Los cambios en esta ley llevan más de dos años en trámite parlamentario. En este sentido, el Ejecutivo persigue que los trabajadores subcontratados por una empresa cobren lo que dice el sector de la actividad que desarrollan. El matiz en esta regulación consistiría en fijar el convenio de sector como referencia para los trabajadores subcontratados en lugar del convenio de la empresa matriz que subcontrata, como pretendía el PSOE inicialmente.
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