El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda preparan la creación de un grupo de trabajo para que elabore una propuesta de modificación de la actual fiscalidad ambiental, con el objetivo puesto en que se aplique en 2019.
Según figura en el borrador del Plan Nacional de Calidad del Aire, el sistema fiscal actual tiene margen para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, y en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos.
En los últimos años organismos internacionales y expertos en la materia han formulado recomendaciones a España para que afronte un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a la media comunitaria, en el marco de una reforma fiscal verde, indica el Ministerio.
La OCDE, en el informe ‘Environmental Performance Review of Spain 2015’, recomienda cambios en los impuestos sobre la energía y transporte y propone diseñar nuevos tributos. Además, la OCDE plantea suprimir algunas medidas fiscales actualmente en vigor. Por ejemplo, el organismo defiende un aumento de la fiscalidad del gasóleo para equilibrarlo con la gasolina, eliminar las ayudas al carbón o a los combustibles agrícolas o de aviación.
En el mismo sentido, la Comisión Europea, en el Study on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU28, propone reformular algunas de las figuras fiscales ya existentes o diseñar nuevos impuestos especialmente los que afectan a la contaminación y recursos. Para ello recomienda reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En febrero de este mismo año, el documento de trabajo de la Comisión sobre la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE, Informe de España, incide en que hay margen para revisar los impuestos medioambientales e identifica como un reto fundamental la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que aplique un IVA reducido a la electricidad, por tratarse de un bien esencial. Según informa el Defensor del Pueblo, esta petición se produce porque «la electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y condición necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales, como el disfrute de la vivienda, la educación, la alimentación o la salud de las personas».
Sin embargo, este bien de primera necesidad no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos. Según recuerda el Defensor del Pueblo en su escrito, la regulación sobre el IVA prevé un tipo impositivo reducido para bienes o servicios de primera necesidad.
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