Lo insinuó en el Plan Presupuestario para 2018 que envió hace un par de semanas al Ejecutivo comunitario. Lo ha deslizado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en algunos corrillos. Y en Hacienda creen posible cerrar el año con un déficit fiscal en el entorno del 3% del PIB. De conseguirlo, España abandonaría el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) —la tutela que impone Bruselas a los países con problemas para ordenar sus cuentas— y el año próximo podría disponer de algo más de margen presupuestario.
Fuentes parlamentarias explican que el Gobierno ya ha preguntado a la Comisión Europea si abriría la mano si el déficit supera unas pocas décimas el 3% del PIB, la línea roja a partir de la cual se encienden las alarmas. La respuesta, según las mismas fuentes, es afirmativa a pesar del disgusto de la Comisión por la vaguedad del Plan Presupuestario.
Las cifras que presentan las Administraciones Públicas son esperanzadoras. Los Ayuntamientos están saneando sus cuentas a un mayor ritmo del previsto, según adelantó la Autoridad Fiscal (Airef) la semana pasada. Y podrían registrar un superávit incluso mayor al del año pasado.
Las comunidades autónomas, a las que el Gobierno colgó el cartel de manirrotas durante la crisis, ahora registran superávit hasta agosto. Es verdad que esta situación es temporal y que estas administraciones territoriales cerrarán el ejercicio con unos números rojos muy próximos al 0,6% del PIB, según cálculos de Airef. Pero están muy cerca de cumplir por primera vez sus deberes presupuestarios. La actual situación presupuestaria de las autonomías, con superávit, se explica porque entre julio y agosto recibieron 8.653 millones por la liquidación del sistema de financiación de 2015, casi mil millones más que el año anterior. Además, han recibido más entregas a cuenta del sistema de financiación.
La Administración central también ha hecho evidentes progresos en el saneamiento de sus cuentas. Hasta septiembre rebajó los números rojos hasta el 1,46%, frente al 2,46% del año pasado. «Esto es consecuencia de unos ingresos que crecen al 5% interanual y unos gastos que descienden casi un 4%». En realidad, buena parte del ajuste ha recaído en el lado del gasto público, según explica la Airef en sus informes mensuales de ejecución presupuestaria.
El Gobierno ha decidido congelar todos los capítulos de gasto o aplicar aumentos siempre que estos sean inferiores al crecimiento del PIB nominal (PIB más inflación). De esta forma, la proporción de gastos respecto al PIB, la forma más habitual de comparar las magnitudes, descenderá. Es una de las críticas habituales que el diputado socialista Pedro Saura hace al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde la tribuna del Parlamento.
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