Fiscalía apuesta por crear una unidad especializada en materia de protección al consumidor para dar respuesta a la avalancha de litigios relacionados con abusos bancarios que se ha desatado en los últimos años. La propuesta figura en la última Memoria anual de la Fiscalía y fue llevada por el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, ante el Congreso de los Diputados la pasada semana.
El Fiscal General compartió entonces con los parlamentarios el contenido de la memoria, elaborada bajo el mandato de su predecesor, José Manuel Maza, fallecido el pasado noviembre. Una copia del documento fue entregada a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y a los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Sánchez Melgar explicó durante su comparecencia la actividad de las distintas Fiscalías durante los ejercicios 2015 y 2016 para desgranar luego algunas de las iniciativas que plantea el Ministerio Público.
La memoria del organismo recuerda que ya supuso “un hito” en años anteriores “la problemática de los afectados por los productos financieros”. Particularmente, destaca el caso de las participaciones preferentes y de deuda subordinada. La litigiosidad que desataron provocó ya entonces “una cierta saturación tanto de los órganos administrativos de los servicios policiales y de algunos juzgados”.
“Rondando los delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, entre otros”, explica el documento, “una minoría” de estos asuntos devinieron en causas presentadas por la vía penal, mientras que el grueso fue a parar a la vía civil. Los jueces y tribunales de este ramo, indica la Fiscalía, han “ido estimando en bastantes casos las pretensiones de los suscriptores, fundamentalmente en base a entender que el consentimiento estuvo viciado por un error esencial” en los contratos. “Ello en absoluto significa que el problema social y sus consecuencias estén resueltos y debe mantenerse la cautela ante los riesgos que trae consigo la desregulación del sector financiero”, advertía la Fiscalía en el documento remitido al Congreso de los Diputados.
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