Desde hace tiempo, en el fútbol se habla de muchas más cosas que las meramente deportivas. El reciente acuerdo entre la fiscalía y el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al pactar dos años de cárcel y 19 millones de multa y reconocer cuatro delitos fiscales, es el último de estos capítulos. Antes, el foco cayó sobre otros, como Leo Messi, Mascherano, Di María, Coentrao o Mourinho.
Ante estos casos, los asesores fiscales, abogados y representantes de los futbolistas han estallado contra Hacienda. Si la presión fiscal sobre los deportistas de élite aumenta, aseguran, los clubes españoles perderán talento. “O cambia la regulación fiscal de los futbolistas o puede haber una fuga de talentos a otros campeonatos con mejores condiciones”, explicó ayer Juan Zornoza, catedrático en Derecho Financiero y asesor de la Asociación de Futbolistas Españoles, en la jornada Fiscalidad en el deporte, organizada por la escuela de formación jurídico económica ISDE.
En el evento, los expertos recogieron el testigo que lanzó recientemente el presidente de La Liga, Javier Tebas, al alertar de que a un jugador le sale mejor irse a Reino Unido que jugar en España debido a la presión fiscal. “Tenemos a los futbolistas que más impuestos pagan. Es urgente darles más seguridad a nivel fiscal”, prosiguió Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas. A día de hoy, añadió, el mayor problema del sector es la fiscalidad. La normativa es defectuosa, no existe desarrollo reglamentario y hay una falta de acuerdo entre autoridades y jugadores, algo que sí sucede en Reino Unido.
Uno de los principales problemas, según Francisco Salinas, socio de fiscal de Laffer Abogados, es que no se entienden las peculiaridades de estos profesionales. “Son perfiles que suelen acumular grandes rentas en un tiempo muy breve, ya que por cuestiones físicas su trayectoria es más corta”. Ante esta situación, señaló, el impuesto sobre la renta en una carrera profesional tan escasa debería tener un tipo efectivo mucho más bajo, con el fin de no penalizar al deportista y ofrecerle un marco legal cerrado al que poder acogerse. “A grandes rasgos, no hay nada que palíe este agravio”. A esto se le suma, continuó, la imposibilidad de deducirse gastos y, sobre todo, la norma 85/15, que permite a los deportistas cobrar el 15% de su remuneración a través de los derechos de imagen, “y que es una trampa mortal”.
Esta disposición tributaria, introducida en 1996, permite a los futbolistas percibir hasta el 15% de la remuneración de sus equipos a través de los derechos de imagen cedidos a sociedades, mientras que el 85% restante, al ser un salario normal, está sujeto a IRPF. En opinión del jurista, hoy Hacienda considera que las sociedades de imagen creadas por los futbolistas para este cometido no tienen validez jurídica real, por lo que su fin es el de eludir los impuestos sobre la renta en España.
“Por eso es necesaria una reflexión financiera por parte de la Administración”, apuntó Francisco Salinas. Más aún, recordó Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS España, teniendo en cuenta lo que está por venir: “Los ingresos del fútbol y de los derechos de imagen van a seguir creciendo. Además, cuando la economía se desacelere, volverá la presión fiscal y la búsqueda de una tributación ejemplarizante para las mayores rentas”. Hacienda debe tener en cuenta, alegó Juan Zornoza, que la tributación de los deportistas profesionales no puede ser la misma que la del resto de actividades.
No terminó aquí la crítica de Zornoza al ministerio. “Que la Administración quiera aumentar la recaudación es normal, forma parte de su naturaleza. Pero ante eso tendría que estar el poder judicial para poner unos límites. El problema es que los jueces están teniendo una actuación complaciente que antes no habrían permitido”. En un alarde de sarcasmo, los expertos se mostraron sorprendidos de que muchos de los datos privados de los futbolistas investigados se hayan filtrado y hechos públicos, así como que estos casos salgan a la luz semanas antes de la campaña de la renta. Además, “estamos ante una Administración que penaliza el delito fiscal de una forma enorme. Una ley obsoleta y el afán recaudatorio han creado una tormenta perfecta”, argumentó Salinas.
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