El plan contra la explotación laboral se traducirá en un incremento de los recursos de la Inspección de Trabajo en 2019 y 2020. El aumento llegará tanto en dinero como en plantilla, según aparece en la memoria económica que acompaña a este programa que finalmente cambiará su nombre oficial y se llamará Plan director por el trabajo decente.
El incremento de recursos no llegará este año, cuando el plan contempla poner en marcha dos planes de choque contra los abusos en la temporalidad y la jornada a tiempo parcial, porque los presupuestos para este ejercicio ya aprobados recogen una disposición adicional que lo veta. Habrá que esperar pues a los dos próximos ejercicios, para los que se propone un incremento de un 10% sobre el presupuesto habitual, unos 150 millones cada año. Esto supone un aumento de 30 millones entre los dos ejercicios.
También concreta el número de inspectores y subinspectores que calcula el Ministerio de Trabajo que se incorporará a la plantilla durante la vigencia del plan: 833. De estos, 367 corresponden a procesos selectivos ya realizados o por realizar que todavía no habrían incorporado al trabajo y 466 para los próximos años. Ni el documento ni las fuentes consultadas cuantifican qué incremento supondrán estas ofertas, aunque sí señalan que habrá un incremento neto de plantilla, que en julio de este año se cifra en 970 inspectores y 906 subinspectores, números muy similares a los de los últimos ocho años.
Una novedad de este segundo borrador del plan y de su memoria económica es el cambio de nombre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado en una entrevista en este diario que iba a poner en marcha un plan contra la explotación laboral. El Ministerio de Trabajo tomó la expresión literalmente en el título de la iniciativa, pero esto provocó el enfado de la patronal CEOE y de alguna asociación de inspectores. La primera se quejaba amargamente de que con ese nombre parecía que España estaba “a comienzos del siglo XX” y de que así no comenzaba bien la negociación. Los inspectores, por su parte, lamentaban que esa denominación parecía menospreciar su trabajo hasta ahora.
Escuchadas estas peticiones el Gobierno ha decidido cambiar el nombre y toma el nuevo de la Organización Internacional del Trabajo, que suele hablar de “trabajo decente” y también de la terminología de la ONU, según justifica el primer apartado del nuevo borrador, que habría fijado esto como uno de sus objetivos en la Agenda 2030.
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