El Banco Central Europeo considera “desproporcionada” la limitación de los pagos en efectivo que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta batería de medidas, presentada en octubre junto a los nuevos impuestos digital y financiero, está pendiente de ser abordada por el Consejo de Ministros y remitida al Parlamento, por lo que las advertencias del BCE podrían forzar al Gobierno a introducir algunos cambios.
De momento, el texto del anteproyecto rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo para los pagos en efectivo hechos por profesionales, y de 15.000 a 10.000 euros el de las operaciones entre ciudadanos no residentes en España. Además, el articulado recoge multas contra los infractores por el 25% de la cuantía abonada. En el caso de las personas físicas residentes en España, el límite de pago en efectivo se mantiene en 2.500 euros.
Tras recibir una copia de la medida del Banco de España y de la Secretaría de Estado de Hacienda, el BCE ha emitido un dictamen en el que reconoce que el objetivo del proyecto de lucha contra el fraude fiscal es un “motivo de interés público” que puede justificar ciertas limitaciones en el uso del cash. Sin embargo, el organismo advierte de que “bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo”.
“Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, agrega el documento, emitido el pasado viernes 1 de febrero y difundido ayer. Además, el dictamen subraya que la reducción a 10.000 euros del límite de pago entre personas físicas no residentes en España “no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes”. El informe también advierte de que “el régimen sancionador previsto por el proyecto de ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25% del importe pagado parece desproporcionadamente elevada”.
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