El Parlament de Cataluña ha rechazado el decreto ley del Govern para limitar el precio del alquiler de la vivienda en determinadas zonas al quedarse en minoría, una iniciativa que ha llegado al pleno con un informe contrario, pero no vinculante del Consell de Garantías Estatutarias.
El decreto ley del Govern de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de la vivienda y de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña ha contado solo con el apoyo de los dos grupos que sustentan al Govern -JxCat y ERC -64 votos-, mientras que la oposición en bloque, Ciudadanos, PSC, comunes, CUP y PPC, han votado en contra -69 votos-, aunque por motivos diferentes.
El Govern aprobó el pasado 21 de mayo el decreto para limitar los precios de alquiler en los barrios o en las ciudades donde se pueda acreditar una falta de vivienda asequible. La iniciativa del Ejecutivo catalán obligaba a declarar una ciudad o barrio como «zona con mercado de vivienda tensa» como paso previo para imponer la contención de precios, a excepción de Barcelona, cuya actuación dejaba en manos del ayuntamiento.
Como norma general, el decreto del Govern establecía que el coste de alquiler en estas zonas sólo podía superar en un 10 % el índice de referencia de precios, ampliable hasta un 5 % adicional en situaciones excepcionales. El decreto ley del Govern ha llegado este miércoles al pleno del Parlament con un dictamen contrario, aunque no vinculante del Consell de Garantías Estatutarias, que considera que vulnera competencias del Estado y algunos artículos de la Constitución y del Estatut.
Durante el debate parlamentario, la consellera de Justicia Ester Capella ha defendido el decreto ley del Govern para poder poner un «límite a los precios abusivos» y al «aumento desproporcionado de los alquileres» a fin de garantizar el derecho a la vivienda. Capella ha dicho no compartir el informe del Consell de Garantías Estatutarias: «Tenemos la competencia y nuestra responsabilidad es ejercerla», ha agregado.
Sin embargo, Ciudadanos, el PSC y el PPC se han acogido al dictamen de este órgano para rechazar el decreto ley del Govern, y han advertido de que la competencia en esta materia es del Estado. Ciudadanos ha afeado al Ejecutivo catalán la falta de vivienda pública, mientras que el PSC ha acusado al Govern de aprobar este decreto para buscar un «titular electoralista».
En cambio, Catalunya en Comú Podem y la CUP han afirmado que comparten la intención del Govern de limitar los precios del alquiler, pero critican que lo haya hecho sin el apoyo y el consenso de las organizaciones vinculadas a este sector como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Llogaters.
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